LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

 el 7 de junio de 2017

 

Ultima reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

el 29 de julio de 2020

 

LIBRO PRIMERO

De las Faltas Administrativas y Sanciones

 

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones Generales

 

CAPÍTULO I

Ámbito de Aplicación e Interpretación

 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en esta ley son de orden público y de observancia obligatoria y general en toda la Ciudad de México y para las ciudadanas y ciudadanos que ejerzan sus derechos político electorales en territorio extranjero. Para los efectos de esta ley, se entenderá por: [1]

 

I.             Candidato a cargo electivo: Aquella persona que en materia de participación ciudadana es elegible para ser integrante de los Comités y Consejos de los Pueblos.

 

II.            Código: El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México;

 

III.          Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

IV.         Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México;

 

V.           Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México;

 

VI.         Comisión: Comisión de controversias Laborales y Administrativas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México;

 

VII.        El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres: Aquel que se garantiza con la integración cualitativa y cuantitativa de 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación, en forma horizontal y vertical; [2]

 

VIII.      Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México; [3]

 

IX.         Instituto: Instituto Electoral de la Ciudad de México; [4]

 

X.           Instrumentos de participación ciudadana: Los previstos expresamente en la Ley de Participación, como competencia del Tribunal; [5]

 

XI.         Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;[6]

 

XII.        Ley de Acceso: La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México; [7]

 

XIII.      Ley de Participación: Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; [8]

 

XIV.      Paridad de género: Es el principio constitucional que ordena el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales. El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres, que se garantiza con la integración cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación, en forma horizontal y vertical;[9]

 

XV.       Paridad de género horizontal. Obligación que tienen los partidos políticos de postular en igualdad de porcentajes a los géneros femenino y masculino que encabezan las fórmulas de diputaciones, alcaldías o planillas para las concejalías en todos los distritos electorales de la ciudad de México;[10]

 

XVI.      Pleno: Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México;[11]

 

XVII.    Proceso democrático: El organizado por una autoridad de la Ciudad de México que tenga por objeto consultar a la ciudadanía o someter a elección algún cargo o decisión, siempre y cuando, guarden similitud con alguna o algunas etapas de los procesos electorales constitucionales; [12]

 

XVIII.   Proceso electivo: El relativo a la renovación de los Comités Ciudadanos, los Consejos de los Pueblos y demás procedimientos de participación ciudadana previstos en la ley de la materia; [13]

 

XIX.      Proceso electoral: El relativo a la renovación periódica por voto universal, libre, secreto y directo de la Jefatura de Gobierno, Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, Alcaldías y Concejales. Se considerarán también aquellos relativos a la renovación de cargos de elección popular en los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, mediante el sistema de usos y costumbres, cuando guarden similitud con las etapas de los procesos electorales constitucionales; [14]

 

XX.       Reglamento Interior: Reglamento Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; [15]

 

XXI.      Tribunal: Tribunal Electoral de la Ciudad de México; [16]

 

XXII.    Violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción, conducta u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley de Acceso y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

 

La violencia política basada en género y la violencia política contra las mujeres constituyen una forma de discriminación de los espacios de poder y de decisión; fomenta la desigualdad y transgrede los derechos políticos y civiles de las mujeres.[17]

 

CAPÍTULO II

De las Quejas, Procedimientos, Sujetos y las Conductas Sancionables

 

SECCIÓN PRIMERA

De las Quejas

 

Artículo 2. Las asociaciones políticas, candidaturas sin partido, personas jurídicas a través de sus representantes legales y en general cualquier persona podrá solicitar por escrito a la autoridad electoral administrativa, se investiguen los actos u omisiones de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y candidaturas sin partido, personas servidoras públicas y, en general de cualquier persona física o jurídica que se presuman violatorios de las normas electorales, debiendo acompañar los elementos probatorios idóneos en los que sustente su queja.

 

Las autoridades que conozcan de la probable comisión de una irregularidad en la materia con motivo del ejercicio de sus atribuciones, darán vista al Instituto Electoral quien de ser el caso iniciará el procedimiento respectivo.

 

La Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral, en el caso de que el Instituto Nacional delegue dicha función podrá llevar a cabo los procedimientos de investigación conforme a la normatividad aplicable.

 

Para la sustanciación y resolución de dichos procedimientos serán aplicables, en lo conducente, las normas previstas en el Código y en la demás normatividad aplicable.

 

SECCIÓN SEGUNDA

De los Procedimientos

 

Artículo 3. Para la investigación y determinación de sanciones por presuntas faltas cometidas a las disposiciones electorales por los Partidos Políticos, las candidaturas sin partido, la ciudadanía, observadoras u observadores electorales y en general cualquier sujeto bajo el imperio de las mismas, el Instituto Electoral iniciará el trámite y sustanciación de alguno de los siguientes procedimientos:

 

I.             Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral. Procede cuando a instancia de parte o de oficio, el Instituto Electoral tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras de los sujetos obligados. Se encontrará sujeto al principio dispositivo, que faculta a las partes a instar al órgano competente para la apertura de la instancia y a ofrecer las pruebas que estime conducentes. El procedimiento ordinario sancionador electoral será aplicable por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales, incluido el incumplimiento de la aplicación de los protocolos de atención erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con excepción de las señaladas en el procedimiento especial sancionador electoral. Dicho procedimiento será resuelto por el Consejo General del Instituto Electoral; y[18]

 

II.            Procedimiento Especial Sancionador Electoral. Será instrumentado dentro del proceso electoral respecto de las conductas contrarias a la norma electoral; es primordialmente inquisitivo y el órgano instructor tiene la facultad de investigar los hechos por todos los medios legales a su alcance, sin que deba sujetarse únicamente a las pruebas allegadas al procedimiento por las partes. Dicho procedimiento será resuelto por el Tribunal Electoral. El Procedimiento Especial Sancionador Electoral será instrumentado en los casos siguientes:

 

a) La Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral, en el caso de que el Instituto Nacional delegue dicha función podrá llevar a cabo los procedimientos de investigación conforme a la normatividad aplicable.

 

b) Por propaganda política o electoral de partidos políticos, candidatas o candidatos sin partidos que calumnie o constituyan actos o expresiones de violencia política contra las mujeres en razón de género, que degraden o discriminen a las instituciones, a los propios partidos políticos o a las personas. En este caso, la queja o denuncia solo procederá a instancia de parte;[19]

 

c) Cuando las denuncias tengan como motivo la comisión de conductas referidas a la confección, colocación o al contenido de propaganda o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio o televisión; [20]

 

d) Por actos anticipados de precampaña o campaña; y[21]

 

e)  Por quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género. [22]

 

Cuando se tenga conocimiento de faltas que contravengan lo señalado en la Base III del artículo 41 de la Constitución Federal y las que se refieren en general a irregularidades e incumplimientos sobre presuntas contrataciones y adquisiciones de la persona que ostente las candidaturas sin partido, partidos políticos o particulares de tiempos para transmitir propaganda política o electoral en radio y televisión; la propaganda política o electoral de partidos políticos que calumnie a las personas o a las instituciones y los partidos políticos; así como a publicidad de gobierno emitida durante las campañas en los medios electrónicos, la Secretaría Ejecutiva, realizará las diligencias necesarias para recabar la información que haga presumir la conducta y los presentará al Consejo General, quien determinará si hace suya la denuncia y la formula al Instituto Nacional, a través de la Secretaría del Consejo. [23]

 

Cuando se tenga conocimiento de faltas que contravengan lo señalado en la Base III del artículo 41 de la Constitución Federal y las que se refieren en general a irregularidades e incumplimientos sobre presuntas contrataciones y adquisiciones de la persona que ostente las candidaturas sin partido, partidos políticos o particulares de tiempos para transmitir propaganda política o electoral en radio y televisión; la propaganda política o electoral de partidos políticos que calumnie o constituyan actos o expresiones de violencia política contra las mujeres en razón de género o que degraden, denigren o discriminen a las personas o a las instituciones y los partidos políticos; así como a publicidad de gobierno emitida durante las campañas en los medios electrónicos, la Secretaría Ejecutiva, realizará las diligencias necesarias para recabar la información que haga presumir la conducta y los presentará al Consejo General, quien determinará si hace suya la denuncia y la fórmula al Instituto Nacional, a través de la Secretaría del Consejo. [24]

 

La violencia política contra las mujeres en razón de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye una infracción a la legislación electoral, por parte de los sujetos de responsabilidad señalados en el artículo 442 de la Ley General y/o 7 de esta Ley, y se manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas: [25]

 

a) Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política;

 

b) Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades;

 

c) Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas, o información relacionada con ésta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres;

 

d) Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir su registro;

 

e) Obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y

 

f) Cualesquiera otras acciones que lesionen o dañen la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, en términos de la Ley de Acceso, la Ley General y este Código.

 

Artículo 4. Cuando algún órgano del Instituto Electoral reciba una queja o denuncia o tenga conocimiento de la probable comisión de infracciones en materia electoral, deberá informarlo y turnar el escrito correspondiente a la Secretaría Ejecutiva quien realizará las actuaciones previas en coadyuvancia de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y pondrá a consideración de la Comisión correspondiente el proyecto de acuerdo que corresponda.[26]

 

La Comisión aprobará el inicio del procedimiento o, en su caso, el desechamiento, turnando el expediente a la Secretaría Ejecutiva quien a través de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Política llevará a cabo la sustanciación del procedimiento en los plazos y con las formalidades señaladas en la normativa que al efecto emita el Consejo General. [27]

 

El escrito de denuncia en los procedimientos sancionadores deberá contener lo siguiente:

 

a) Nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella digital;

 

b) Nombre de la persona señalada como probable responsable;

 

c) Domicilio para oír y recibir notificaciones;

 

d) Narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia;

 

e) Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrá de requerir la autoridad, por no tener posibilidad de recabarlas;

 

f) En su caso, las medidas cautelares y de protección, de manera inmediata.

 

g) En caso de que la persona promovente actúe por medio de una o un representante, quien ejerza el mandato deberá presentar las constancias originales o, en su defecto, copias certificadas con las que acredite dicha representación. Tratándose de las representaciones de las asociaciones políticas acreditadas ante el Instituto, no será necesario que exhiban documento alguno para demostrar su personería.

 

La Secretaría Ejecutiva propondrá a la Comisión el inicio oficioso de un procedimiento sancionador, cuando se tenga conocimiento del incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por esta autoridad o por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. [28]

 

La Comisión aprobará el inicio del procedimiento o, en su caso, el desechamiento, turnando el expediente a la Secretaría Ejecutiva quien a través de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Política llevará a cabo la sustanciación del procedimiento en los plazos y con las formalidades señaladas en la normativa que al efecto emita el Consejo General. [29]

 

En los casos de violencia política en razón de género y aquellos en los que se soliciten medias cautelares o de protección la Comisión deberá determinar sobre la adopción de las mismas en el plazo de veinticuatro horas. Las medidas pueden ser sometidas a consideración de la Comisión en todo momento por integrantes de la Comisión, por la Secretaría Ejecutiva o por las partes. [30]

 

La medida cautelar es el acto procedimental determinado por la Comisión a fin de preservar provisionalmente la materia sobre la que se resolverá el fondo del asunto, lograr la cesación de los actos o hechos que constituyan a la presunta infracción, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en el Código, hasta en tanto se emita la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento. [31]

 

Las medidas cautelares que podrán ser ordenadas por infracciones que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, son las siguientes:

 

a) Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad;

 

b) Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones;

 

c) Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora;

 

d) Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona agresora; y

 

e) Cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima, o de quien ella solicite.

 

Cuando las medidas de protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría Ejecutiva dará vista de inmediato para que proceda a otorgarlas conforme a sus facultades y competencias. [32]

 

En el caso de que la conducta infractora sea del conocimiento de las autoridades electorales administrativas distritales, de inmediato la remitirán a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que ordene iniciar el procedimiento correspondiente. [33]

 

Cuando las denuncias presentadas sean en contra de alguna persona servidora pública, la Secretaría Ejecutiva dará vista de las actuaciones, así como de su resolución, a las autoridades competentes en materia de responsabilidades administrativas, para que inicien los procedimientos a que haya lugar y, en su caso, apliquen las sanciones que correspondan en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. [34]

 

En la tramitación de los procedimientos sancionadores, serán admitidas las siguientes pruebas: [35]

 

I. Documentales públicas;

II. Documentales privadas;

III. Técnicas;

IV. Reconocimiento o inspección;

V. Confesional y testimonial;

VI. Pericial;

VII. Instrumental de actuaciones; y

VIII. Presuncional legal y humana.

 

Cuando las cargas de trabajo lo ameriten, la Secretaría Ejecutiva podrá auxiliarse también para la sustanciación del procedimiento de la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos. [36]

 

Una vez sustanciado dicho procedimiento, la Secretaria o Secretario Ejecutivo acordará el cierre de instrucción y ordenará la elaboración del proyecto de resolución que corresponda.

 

El Reglamento que expida el Consejo General a fin de establecer las características de los procedimientos administrativos sancionadores, deberá considerar cuando menos los siguientes aspectos:

 

I. La obligación de quien recibe una queja o denuncia de turnarla de inmediato a la Secretaría Ejecutiva para que ponga a consideración de la Comisión el acuerdo correspondiente, así como el emplazamiento a las personas probables responsables para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a que la notificación haya surtidos sus efectos, contesten por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporten las pruebas que consideren pertinentes. Si se ofrece la pericial contable, ésta será con cargo a la parte promovente; [37]

 

II. El establecimiento de las medidas de apremio y cautelares, así como su tramitación para el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del procedimiento; [38]

 

III. La mención de que los medios de prueba deberán ser exhibidas junto con el escrito en el que se comparezca al procedimiento. Ninguna prueba aportada fuera del plazo previsto para ello será tomada en cuenta, a excepción de las supervenientes; [39]

 

IV. Que para la integración del expediente, se podrá solicitar la información y documentación con que cuenten las instancias competentes del propio instituto electoral, otras autoridades, así como a personas físicas o jurídicas; [40]

 

V. El establecimiento de los plazos máximos para la sustanciación de la queja, que en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, no podrán exceder de quince días, contados a partir de que la Comisión acuerde su inicio y los relativos para la formulación y presentación del proyecto de resolución correspondiente al Consejo General para su determinación; [41]

 

VI. Para la determinación de la sanción correspondiente, se tomará en cuenta los siguientes elementos: [42]

 

a) La gravedad de la infracción;

 

b) Las circunstancias objetivas del hecho;

 

c) La responsabilidad; y

 

d) Las circunstancias subjetivas y la finalidad de la sanción.

 

VII. Tratándose de procedimientos ordinarios, cuando el proyecto de resolución que se someta a consideración del Consejo General y a juicio de éste, deba ser complementado, se devolverá al órgano que conoce del asunto para que una vez desahogadas las diligencias necesarias para mejor proveer, se formule un nuevo proyecto de resolución. [43]

 

VIII. Que, tratándose de procedimientos especiales, una vez sustanciado el expediente respectivo, deberá remitirse al Tribunal a fin de que el órgano jurisdiccional resuelva lo conducente, señalando las reglas para su remisión. [44]

 

En la resolución de procedimientos especiales, por violencia política contra las mujeres en razón de género, se deberán ordenar las medidas de reparación integral que correspondan considerando al menos las siguientes:

 

 a) Indemnización de la víctima;

 

b) Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia política;

 

c) Disculpa pública,

 

d) Medidas de no repetición.

 

IX. Al expediente que sea remitido al Tribunal, deberá incorporarse un dictamen elaborado por la Secretaría Ejecutiva, que deberá contener lo siguiente: [45]

 

a) La relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia;

 

b) Las diligencias que se hayan realizado por la autoridad;

 

c) Las pruebas aportadas por las partes;

 

d) El desarrollo de cada una de las etapas durante la sustanciación del procedimiento; y

 

e) Las conclusiones, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.

 

Artículo 5. En los casos en que la Secretaría Ejecutiva determine que la queja presentada es frívola, se desechará de plano.

 

La determinación de la Secretaría Ejecutiva podrá ser impugnada ante el Tribunal Electoral.

 

Se entenderá que la queja es frívola, cuando:

 

I.             Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del Derecho;

 

II.            Aquéllas que refieran hechos que resulten física y/o jurídicamente falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;

 

III.          Aquéllas que refieran a hechos que no constituyan de manera fehaciente una falta o violación electoral; y

 

IV.         Aquellas que se sustenten únicamente en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.

 

SECCIÓN TERCERA

De la Ejecución de las Resoluciones

 

Artículo 6. Las resoluciones del Consejo General en que se imponga una sanción pecuniaria, que no hubiesen sido recurridas, o bien, que fuesen confirmadas por el Tribunal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deberán ser cumplidas mediante el pago en la Secretaría Administrativa del Instituto Electoral, en un plazo improrrogable en cuando menos de cuatro ministraciones contados a partir de que haya quedado firme la resolución.

 

Transcurrido el plazo sin que se haya realizado el pago, tratándose de un Partido Político el Instituto Electoral podrá deducir el monto de la sanción de la siguiente ministración del financiamiento público que le corresponda. En cualquier otro caso, el Instituto Electoral notificará a la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México para que se proceda a su cobro en términos de la normatividad aplicable.

 

Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por sujetos del régimen sancionador electoral considerados en este ordenamiento serán destinados a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y Secretaria de Cultura, ambas de la Ciudad de México, en los términos de las disposiciones aplicables y los recursos serán utilizados para proyectos y programas en materia de ciencia, tecnología e innovación y cultura, estos no podrán ejercerse en conceptos distintos a los proyectos y programas antes mencionados.

 

Para tal efecto, dichos recursos deberán ser entregados a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en la que se realice el pago o se haga efectivo el descuento del monto de la ministración correspondiente y esta Secretaría a su vez tendrá que canalizarlos a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y Secretaria de Cultura, ambas de la Ciudad de México en un plazo improrrogable en cuando menos de cuatro ministraciones.

 

SECCIÓN CUARTA

De los Sujetos y Conductas Sancionables

 

Artículo 7. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en la ley:

 

I. Los partidos políticos;

 

II. Las agrupaciones políticas;

 

III. Quien aspire a las candidaturas sin partido, las precandidatas y los precandidatos, candidatas y candidatos sin partido a cargos de elección popular;

 

IV. Las persona (sic) físicas y jurídicas;

 

V. Las observadoras y observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales;

 

VI. Quien ejerza la titularidad de las Notarías Públicas;

 

VII. Las organizaciones ciudadanas que pretendan formar un partido político;

 

VIII.   Las funcionarias y funcionarios electorales;

 

IX.         Las personas servidoras públicas de la Ciudad de México;

 

X.           Las ministras y ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, y

 

XI.         Los demás sujetos obligados en los términos del Código.

 

Artículo 8. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la Ley General de Partidos Políticos y al Código:

 

I.             El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos, el Código y demás disposiciones aplicables del mismo;

 

II.            El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Consejo General;

 

III.          Aceptar donativos o aportaciones económicas de las personas o entidades que no estén expresamente facultadas para ello o soliciten crédito a la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades, en contravención la Ley General de Partidos Políticos y al Código;

 

IV.         Aceptar donativos o aportaciones económicas superiores a los límites señalados por la Ley General de Partidos Políticos, al Código y el Consejo General;

 

V.           El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino de los mismos;

 

VI.         No presentar los informes de gastos anuales, de sus procesos de selección interna o de campaña electoral y sobrepasar los topes fijados conforme a la Ley General de Partidos Políticos y el Código durante la misma;

 

VII.        Realizar actos anticipados de precampaña y campaña;

 

VIII.      Colocar propaganda en lugares expresamente prohibidos por el Código y otras disposiciones administrativas y de protección al medio ambiente;

 

IX.         No usar el material previsto en el Código para la confección o elaboración de propaganda electoral;

 

X.           El incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información;