LEY
DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
Y
LOS MUNICIPIOS
Ley publicada en el Diario Oficial de
la Federación,
el 27 de abril de 2016
Ultima reforma publicada en el
Diario oficial de la Federación el 30 de enero de 2018
TÍTULO PRIMERO
Objeto y
Definiciones de la Ley
CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones
Generales
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los
criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a
las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes
Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.
Las Entidades
Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las
disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con
base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia,
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de
cuentas.
Adicionalmente, los
Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán,
respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de
esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable.
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por:
I. Asociaciones
Público-Privadas:
las previstas en la Ley de Asociaciones Público Privadas o en las leyes de las
entidades federativas, incluyendo los proyectos de prestación de servicios o
cualquier esquema similar de carácter local, independientemente de la
denominación que se utilice;[1]
II. Balance presupuestario: la diferencia entre los Ingresos
totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en
el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;
III. Balance presupuestario de recursos
disponibles: la
diferencia entre los Ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de
Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados
en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;
IV. Criterios Generales de Política
Económica: el
documento enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, en los
términos del artículo 42, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual sirve de base para la
elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación;
V. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin
fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o
subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos
descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y
fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con sus
respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal
mayoritaria;
VI. Deuda Estatal Garantizada: el Financiamiento de los Estados y
Municipios con garantía del Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en
el Capítulo IV del Título Tercero de la presente Ley;
VII. Deuda Pública: cualquier Financiamiento
contratado por los Entes Públicos;
VIII. Disciplina Financiera: la observancia de los principios
y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la
aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de
Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y
sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el
crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero;
VIII Bis. Disponibilidades:
los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales
anteriores no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto
presupuestado, excluyendo a las Transferencias federales etiquetadas;[2]
IX. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las Entidades Federativas;
los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación
estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los
Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas
y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de
la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías;
X. Entidades Federativas: los Estados de la Federación y la
Ciudad de México;
XI.Financiamiento: toda operación constitutiva de un
pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los
Entes Públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo
arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente
de la forma mediante la que se instrumente;
XII. Financiamiento
Neto: la suma de
las disposiciones realizadas de un Financiamiento, y las Disponibilidades,
menos las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública;[3]
XIII. Fuente de pago: los recursos utilizados por los
Entes Públicos para el pago de cualquier Financiamiento u Obligación;
XIV. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen
como contrapartida la creación de un activo, incluyendo, de manera enunciativa,
el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los servicios
generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y
apoyos;
XV. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de
un Financiamiento u Obligación contratada;
XVI. Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan las
Entidades Federativas y los Municipios con cargo a las Transferencias federales
etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las
erogaciones que realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino
específico;
XVII. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan las
Entidades Federativas y los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre
disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el
gasto que realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino
específico;
XVIII. Gasto total: la totalidad de las erogaciones
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos previstos en
la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían lugar a
la duplicidad en el registro del gasto;
XIX. Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las
participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los
términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico;
XX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el
ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos;
XXI. Ingresos locales: aquéllos percibidos por las
Entidades Federativas y los Municipios por impuestos, contribuciones de
mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los recibidos por
venta de bienes y prestación de servicios y los demás previstos en términos de
las disposiciones aplicables;
XXII. Ingresos totales: la totalidad de los Ingresos de
libre disposición, las Transferencias federales etiquetadas y el Financiamiento
Neto;
XXIII. Instituciones Financieras: instituciones de crédito,
sociedades financieras de objeto múltiple, casas de bolsa, almacenes generales
de depósito, uniones de crédito, instituciones de seguros, sociedades
mutualistas de seguros, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo,
sociedades financieras populares y sociedades financieras comunitarias y cualquiera
otra sociedad autorizada por la Secretaría o por cualesquiera de las Comisiones
Nacionales para organizarse y operar como tales, siempre y cuando la
normatividad que les resulte aplicable no les prohíba el otorgamiento de
créditos;
XXIV. Instrumentos derivados: los valores, contratos o
cualquier otro acto jurídico cuya valuación esté referida a uno o más activos,
valores, tasas o índices subyacentes;
XXV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se
genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya
finalidad específica sea: (i) la
construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio
público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos
bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos
de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional,
equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y
seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de
bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de
manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos
y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable;
XXVI. Legislatura local: el Poder Legislativo de la
Entidad Federativa;
XXVII. Ley de Ingresos: la ley de ingresos de las
Entidades Federativas o de los Municipios, aprobada por la Legislatura local;
XXVIII. Municipios: los Municipios de cada Estado;
XXIX. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo
de los Entes Públicos derivados de los Financiamientos y de las Asociaciones
Público-Privadas;
XXX. Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada
con Instituciones financieras a un plazo menor o igual a un año;
XXXI. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos,
recompensas, incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de
manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de
compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de
trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional
autorizadas en los términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones
extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que
su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables.
Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la
base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones
de seguridad social;
XXXII. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios,
conforme a los tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se
cubren a los servidores públicos de manera regular como contraprestación por el
desempeño de sus labores cotidianas en los Entes Públicos, así como los montos
correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se
hayan aprobado para el ejercicio fiscal;
XXXIII. Presupuesto de Egresos: el presupuesto de egresos de cada
Entidad Federativa o Municipio, aprobado por la Legislatura local o el
Ayuntamiento, respectivamente;
XXXIV. Reestructuración: la celebración de actos jurídicos
que tengan por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas en un
Financiamiento;
XXXV. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos
cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más
Financiamientos previamente contratados;
XXXVI. Registro Público Único: el registro para la inscripción
de Obligaciones y Financiamientos que contraten los Entes Públicos;
XXXVII. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público del Gobierno Federal;
XXXVIII. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la
Secretaría sobre los indicadores de endeudamiento de los Entes Públicos;
XXXIX. Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto
anual que podrá contratar un Ente Público, con Fuente de pago de Ingresos de
libre disposición. Dicha Fuente de pago podrá estar afectada a un vehículo
específico de pago, o provenir directamente del Presupuesto de Egresos, y
XL. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que reciben de la
Federación las Entidades Federativas y los Municipios, que están destinados a
un fin específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a
que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social
y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley
General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con
destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán
supletoriamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal; y se
estará a la interpretación de la Secretaría para efectos administrativos.
Artículo 4.- El Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, emitirá las normas contables
necesarias para asegurar su congruencia con la presente Ley, incluyendo los
criterios a seguir para la elaboración y presentación homogénea de la
información financiera referida en la misma.
TÍTULO SEGUNDO
Reglas de Disciplina
Financiera
CAPÍTULO I
Del Balance
Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades
Federativas
Artículo 5.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y
los proyectos de Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas se
deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable,
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal
efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos,
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes
con los planes estatales de desarrollo y los programas derivados de los mismos,
e incluirán cuando menos lo siguiente:
I. Objetivos anuales, estrategias y metas;
II. Proyecciones de finanzas públicas,
considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política
Económica.
Las
proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo
Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en
adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se
adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes;
III. Descripción de los riesgos relevantes para
las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados
de propuestas de acción para enfrentarlos;
IV. Los resultados de las finanzas públicas
que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en
cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización
Contable para este fin, y
V. Un estudio actuarial de las pensiones de
sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años. El
estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las
características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de
reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance
actuarial en valor presente.
En los casos en que las Entidades
Federativas aprueben sus Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, después
de la publicación de la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de
Egresos de la Federación, las estimaciones de participaciones y Transferencias
federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la
Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la
Federación del ejercicio fiscal correspondiente.[4]
Para aquellas Transferencias federales
etiquetadas, cuya distribución por Entidad Federativa no se encuentre
disponible en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las Entidades
Federativas podrán realizar una estimación con base en los Criterios Generales
de Política Económica, el monto nacional y la distribución realizada en
ejercicios fiscales anteriores.[5]
Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo
de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que
apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá
contribuir a un Balance presupuestario sostenible.
Las
Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se
cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento
contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el
Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final
del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea
mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por
parte de la Entidad Federativa y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario
de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de
Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de
acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.
Debido a
razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de
Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles
negativo. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar
cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:
I. Las razones excepcionales que justifican
el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo
dispuesto en el siguiente artículo;
II. Las fuentes de recursos necesarias y el
monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles
negativo, y
III. El número de ejercicios fiscales y las
acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos
disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario
de recursos disponibles sostenible.
El Ejecutivo de la
Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente,
reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la
Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las
acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos
disponibles.
En caso de que la
Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de
tal manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles
negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de
este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos
disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad
Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el
párrafo anterior de este artículo.
Artículo 7.- Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de
recursos disponibles negativo cuando:
I. Se presente una caída en el Producto Interno
Bruto nacional en términos reales, y lo anterior origine una caída en las
participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en
su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria;
II. Sea necesario cubrir el costo de la
reconstrucción provocada por los desastres naturales declarados en los términos
de la Ley General de Protección Civil, o
III.
Se tenga la necesidad de
prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado observado en el
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la
implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en
ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance
presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea porque generen mayores ingresos
o menores gastos permanentes; es decir, que el valor presente neto de dicha
medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se
implemente.
Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto
del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente fuente de
ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con reducciones en otras
previsiones de gasto.[6]
No procederá pago
alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por
ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá
revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a
la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo
gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.
Artículo 9.- El Presupuesto de Egresos de las
Entidades Federativas deberá prever recursos para atender a la población
afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados
por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones
para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales. El monto de dichos
recursos deberá estar determinado por cada Entidad Federativa, el cual como
mínimo deberá corresponder al 10 por ciento de la aportación realizada por la
Entidad Federativa para la reconstrucción de la infraestructura de la Entidad
Federativa dañada que en promedio se registre durante los últimos 5 ejercicios,
actualizados por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, medido a través
de las autorizaciones de recursos aprobadas por el Fondo de Desastres
Naturales, y deberá ser aportado a un fideicomiso público que se constituya
específicamente para dicho fin.
Los
recursos aportados deberán ser destinados, en primer término, para financiar
las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas
en el marco de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales, como la
contraparte de la Entidad Federativa a los programas de reconstrucción acordados
con la Federación.
En caso
de que el saldo de los recursos del fideicomiso a que se refiere el primer
párrafo de este artículo, acumule un monto que sea superior al costo promedio
de reconstrucción de la infraestructura estatal dañada de los últimos 5 años de
la Entidad Federativa, medido a través de las autorizaciones de recursos
aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales, la Entidad Federativa podrá
utilizar el remanente que le corresponda para acciones de prevención y
mitigación, los cuales podrán ser aplicados para financiar la contraparte de la
Entidad Federativa de los proyectos preventivos, conforme a lo establecido en
las reglas de operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales.
Artículo 10.- En materia de servicios personales, las
entidades federativas observarán lo siguiente:
I. La asignación global de recursos para
servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como
límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto
de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento
equivalente al valor que resulte menor entre:
a) El
3 por ciento de crecimiento real, y
b) El
crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales
de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de
que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el
ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real
igual a cero.
Se
exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por
sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.
Los
gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la
implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán
autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta
por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley
respectiva.
II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos
se deberá presentar en una sección específica, las erogaciones correspondientes
al gasto en servicios personales, el cual comprende:
a) Las
remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las Percepciones
ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de
obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas
remuneraciones, y
b) Las
previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la
creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas
previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de
Egresos.
Artículo 11.- Las Entidades Federativas deberán
considerar en sus correspondientes Presupuestos de Egresos, las previsiones de
gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de
los contratos de Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante
el siguiente ejercicio fiscal.
Para el
caso de Asociaciones Público Privadas con recursos federales, se observará lo
dispuesto en el artículo 4, fracción IV de la Ley de Asociaciones Público
Privadas.
Artículo 12.- Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal
anterior, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta
por el 2 por ciento de los Ingresos totales de la respectiva Entidad
Federativa.
Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el
ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las
disposiciones siguientes:
I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo
al presupuesto autorizado, contando previamente con la suficiencia
presupuestaria, identificando la fuente de ingresos;
II. Podrán realizar erogaciones adicionales a
las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los Ingresos excedentes
que obtengan y con la autorización previa de la secretaría de finanzas o su
equivalente;
III. Con anterioridad al ejercicio o
contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto rebase el
equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá realizarse un
análisis costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas y
proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto
bajo supuestos razonables. Dicho análisis no se requerirá en el caso del gasto
de inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales
declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil. De igual
forma, no se requerirá realizar un análisis costo y beneficio, cuando el gasto
de inversión se destine a la atención prioritaria de desastres naturales y sea
financiado con Ingresos de libre disposición.[7]
Para los
propósitos señalados en el párrafo anterior, cada Entidad Federativa deberá
contar con un área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a
los requisitos que, en su caso, se determinen para tales efectos; así como de
integrar y administrar el registro de proyectos de Inversión pública productiva
de la Entidad Federativa correspondiente.
Tratándose
de proyectos de Inversión pública productiva que se pretendan contratar bajo un
esquema de Asociación Público-Privada, las Entidades Federativas y sus Entes
Públicos deberán acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para
llevar a cabo el proyecto a través de dicho esquema, en comparación con un mecanismo
de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector
privado.
Dichas
evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales de Internet
de las secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales;
IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el
Presupuesto de Egresos autorizado, y por los conceptos efectivamente
devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y
oportunamente las operaciones consideradas en éste;
V. La asignación global de servicios
personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no podrá
incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de
sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.
La
secretaría de finanzas o su equivalente de cada Ente Público contará con un
sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales;
VI. Deberán tomar medidas para racionalizar el
Gasto corriente.
Los
ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas
medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten por
concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor al presupuestado,
deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance
presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los
programas prioritarios de la Entidad Federativa;
VII. En materia de subsidios se deberá
identificar la población objetivo, el propósito o destino principal y la
temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de distribución, operación y
administración de los subsidios deberán garantizar que los recursos se
entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos del
programa correspondiente.
La
información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de
las páginas oficiales de Internet de las secretarías de finanzas o sus
equivalentes de los gobiernos locales, y
VIII. Una vez concluida la vigencia del
Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho
presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que
corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y
que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las
Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17
de esta Ley.
Artículo 14.- Los Ingresos excedentes derivados de
Ingresos de libre disposición de las Entidades Federativas, deberán ser
destinados a los siguientes conceptos:
I. Para la amortización anticipada de
la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos
circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago
anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo
registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior,
así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad
competente, la aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones,
conforme a lo siguiente:[8]
a) Cuando la Entidad Federativa se
clasifique en un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo al Sistema de
Alertas, cuando menos el 50 por ciento;[9]
b) Cuando la Entidad Federativa se
clasifique en un nivel de endeudamiento en observación, de acuerdo al Sistema
de Alertas, cuando menos el 30 por ciento, y[10]
II. En su caso, el remanente para:
a) Inversión pública productiva, a través de
un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos
correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y
b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea
compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.
Cuando la Entidad Federativa se clasifique
en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas, podrá
utilizar hasta un 5 por ciento de los recursos a los que se refiere el presente
artículo para cubrir Gasto corriente.[11]
Tratándose de Ingresos de libre
disposición que se encuentren destinados a un fin específico en términos de las
leyes, no resultarán aplicables las disposiciones establecidas en el presente
artículo.[12]
Artículo 15.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos
previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por
conducto de la secretaría de finanzas o su equivalente, a efecto de cumplir con
el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance
presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto
de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:
I. Gastos de comunicación social;
II. Gasto corriente que no constituya un
subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por
el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y
III. Gasto en servicios personales,
prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.
En caso de que los
ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de
ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y
cuando se procure no afectar los programas sociales.
Artículo 16.- El Ejecutivo de la Entidad
Federativa, por conducto de la secretaría de finanzas o su equivalente,
realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o
decretos que se presenten a la consideración de la Legislatura local. Asimismo,
realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones
administrativas que emita el Ejecutivo que impliquen costos para su
implementación.[13]
Todo
proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la
Legislatura local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación
sobre el impacto presupuestario del proyecto.
La
aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras derivadas de la
legislación local, se realizará en el marco del principio de balance
presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera
de la Entidad Federativa.
Artículo 17.- Las Entidades Federativas, a más tardar el
15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las
Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus Entes Públicos.
Sin
perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31
de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y
aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos
respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en
el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos
remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar
dentro de los 15 días naturales siguientes.
Los
reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.
Para los
efectos de este artículo, se entenderá que las Entidades Federativas han
devengado o comprometido las Transferencias federales etiquetadas, en los
términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
CAPÍTULO II
Del Balance
Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de los Municipios
Artículo 18.- Las iniciativas de las Leyes de Ingresos y
los proyectos de Presupuestos de Egresos de los Municipios se deberán elaborar
conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e
indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con los planes estatales y
municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos; e incluirán
cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.
Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de
los Municipios deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política
Económica y las estimaciones de las participaciones y Transferencias federales
etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa
de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad
Federativa correspondiente.
Los Municipios, en
adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en las
iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos de
Egresos:
I. Proyecciones de finanzas públicas,
considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política
Económica.
Las proyecciones se
realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al
ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán
anualmente en los ejercicios subsecuentes;
II. Descripción de los riesgos relevantes para
las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados
de propuestas de acción para enfrentarlos;
III. Los resultados de las finanzas públicas
que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en
cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de
Armonización Contable para este fin, y
IV. Un estudio actuarial de las pensiones de
sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El
estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las
características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de
reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance
actuarial en valor presente.
Las proyecciones y
resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente,
comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor
a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que
publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios
contarán con el apoyo técnico de la secretaría de finanzas o su equivalente del
Estado para cumplir lo previsto en este artículo.
Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el
Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el
aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance
presupuestario sostenible.
El Ayuntamiento del
Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará
que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando
al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho
balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de
recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el
momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El
Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se
utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible,
deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la
aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.
Debido a
las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la
Legislatura local podrá aprobar un Balance
presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente,
será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafos tercero a
quinto de esta Ley.
Artículo 20.- Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio
fiscal anterior, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser
hasta por el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del respectivo Municipio.
Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar
las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta
Ley.
Adicionalmente, los
Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13
de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de
dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de
200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que
publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Las autorizaciones a
las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las
autoridades municipales competentes.
TÍTULO TERCERO
De la Deuda Pública
y las Obligaciones
CAPÍTULO I
De la Contratación
de Deuda Pública y Obligaciones
Artículo 22.- Los Entes Públicos no podrán contraer, directa o
indirectamente, Financiamientos u Obligaciones con gobiernos de otras naciones,
con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda
extranjera o fuera del territorio nacional. Asimismo, sólo podrán contraer
Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen a Inversiones públicas
productivas y a Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos y costos
relacionados con la contratación de dichas Obligaciones y Financiamientos, así
como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas.
Cuando las
Obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el
destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya
la Inversión pública productiva realizada.
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la
contratación de Financiamientos en términos de programas federales o de los
convenios con la Federación, los cuales se regirán por lo acordado entre las
partes en el convenio correspondiente, incluyendo aquellos rubros o destinos
para atender a la población afectada por desastres naturales en los términos de
las leyes, reglas de operación, y lineamientos aplicables, así como por la Ley
de Coordinación Fiscal.[14]
Artículo 23.- La Legislatura local, por el voto de las dos terceras
partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la
contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha
autorización, la Legislatura local deberá realizar previamente, un análisis de
la capacidad de pago del Ente Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u
Obligaciones correspondientes, del destino del Financiamiento u Obligación y,
en su caso, del otorgamiento de recursos como Fuente o Garantía de pago. Lo
anterior no será aplicable para la Ciudad de México, en cuyo caso, estará
obligado al cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III del presente
Título.
Las operaciones de
Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización específica de la
Legislatura local, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
I. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo
los costos asociados, lo cual deberá estar fundamentado en el cálculo de la
tasa efectiva que se realice de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26,
fracción IV de esta Ley, o tratándose de Reestructuraciones exista una mejora
en las condiciones contractuales;
II. No se incremente el saldo insoluto, y
III. No
se amplíe el plazo de vencimiento original de los Financiamientos respectivos,
no se otorgue plazo o periodo de gracia, ni se modifique el perfil de
amortizaciones del principal del Financiamiento durante el periodo de la
administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del Financiamiento.[15]
Dentro de los 15 días naturales siguientes a la
celebración del Refinanciamiento o Reestructuración, el Ente Público deberá
informar a la Legislatura local sobre la celebración de este tipo de
operaciones, así como presentar la solicitud de inscripción de dicho Refinanciamiento
o Reestructuración ante el Registro Público Único.[16]
Artículo 24.- La autorización de los Financiamientos y Obligaciones
por parte de la Legislatura local deberá especificar por lo menos lo siguiente:
I. Monto autorizado de la Deuda Pública u
Obligación a incurrir;
II. Plazo máximo autorizado para el pago;
III. Destino de los recursos;
IV. En su caso, la Fuente de pago o la
contratación de una Garantía de pago de la Deuda Pública u Obligación, y
V. En caso de autorizaciones específicas,
establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso no podrá exceder el
ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia, se entenderá que la
autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada.
Los requisitos a que
se refiere este artículo deberán cumplirse, en lo conducente, para la
autorización de la Legislatura local en el otorgamiento de avales o Garantías
que pretendan otorgar los Estados o Municipios. Por su parte, el presente
artículo no será aplicable a la Ciudad de México, en cuyo caso se aplicará lo
previsto en el Capítulo III del presente Título.
Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a
contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores
condiciones de mercado.
Una vez
celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días
posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público
deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo,
el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la
información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los
términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo,
comisiones y demás accesorios pactados.
Artículo 26.- El secretario de finanzas, tesorero
municipal o su equivalente de cada Ente Público, según corresponda a su ámbito
de competencia, será el responsable de confirmar que el Financiamiento fue
celebrado en las mejores condiciones del mercado.
En el caso de que la
Entidad Federativa o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten Financiamientos
por un monto mayor o igual a cuarenta millones de Unidades de Inversión o su
equivalente, o el Municipio o cualquiera de sus Entes Públicos soliciten
Financiamientos por un monto mayor a diez millones de Unidades de Inversión o
su equivalente y, en ambos casos, a un plazo de pago superior a un año, deberán
cumplir con lo siguiente:
I. Implementar un proceso competitivo
con por lo menos cinco diferentes instituciones financieras, del cual obtenga
mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. La temporalidad de dichas
propuestas no deberán diferir en más de 30 días naturales y deberán tener una
vigencia mínima de 60 días naturales. Tratándose de propuestas relativas a
Instrumentos derivados, no será aplicable la vigencia mínima de 60 días
naturales;[17]
II. La solicitud del Financiamiento que se
realice a cada institución financiera deberá precisar y ser igual en cuanto a:
monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad
de entrega de los recursos y, en su caso, la especificación del recurso a
otorgar como Fuente de pago del Financiamiento o Garantía a contratar, de
acuerdo con la aprobación de la Legislatura local. En ningún caso la solicitud
podrá exceder de los términos y condiciones autorizados por la Legislatura
local;
III. Las ofertas irrevocables que presenten las
instituciones financieras deberán precisar todos los términos y condiciones
financieras aplicables al Financiamiento, así como la Fuente o Garantía de pago
que se solicite. El Ente Público estará obligado a presentar la respuesta de
las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta;
En caso de no obtener el mínimo de ofertas
irrevocables, el proceso competitivo será declarado desierto por única ocasión,
por lo que el Ente Público deberá realizar un nuevo proceso competitivo y, en
caso de no obtener dos ofertas irrevocables en los términos de la fracción I de
éste artículo, la oferta ganadora será aquella que se hubiera presentado en el
día y la hora indicada en la invitación enviada a las Instituciones Financieras
o prestador de servicios, misma que deberá cumplir con los términos
establecidos en la invitación correspondiente;[18]
IV. Contratar la oferta que represente las
mejores condiciones de mercado para el Ente Público, es decir, el costo
financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro
accesorio que estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que incluya
la tasa de interés y todos los costos relacionados al Financiamiento, se deberá
aplicar la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo
los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría, y
V. Si una sola oferta no cubre el monto a
contratar, se considerarán en orden preferente las propuestas que representen
las mejores condiciones de mercado para el Ente Público, según los criterios
establecidos en la fracción anterior, hasta cubrir el monto requerido.
En caso
de fraccionar la contratación del monto de Financiamiento autorizado por parte
de la Legislatura local, se deberá considerar en todo momento el monto total
autorizado por parte de la Legislatura local para los supuestos señalados en el
párrafo anterior.
Para
acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los
Financiamientos distintos a los señalados en el segundo párrafo del presente
artículo, el Ente Público deberá implementar un proceso competitivo con por lo
menos dos instituciones financieras y obtener únicamente una oferta
irrevocable, de acuerdo a lo establecido en la fracción I de este artículo.
El Ente
Público, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que incluya el análisis
comparativo de las propuestas, conforme a lo establecido en la fracción IV de
este artículo. Dicho documento deberá publicarse en la página oficial de
Internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o
Municipio, según se trate.
En el caso de operaciones de
Reestructuración que cumplan lo señalado en el artículo 23, segundo párrafo de
esta Ley, no se requerirá realizar el proceso competitivo.[19]
Asimismo, tratándose de Refinanciamientos
que sustituyan un Financiamiento por otro de forma total, aplicará la excepción
prevista en el párrafo que antecede.[20]
Artículo 27.- En la contratación de Obligaciones que se
deriven de arrendamientos financieros o de esquemas de Asociaciones
Público-Privadas, en lo conducente, los Entes Públicos se sujetarán a lo
previsto en el artículo anterior. Asimismo, las propuestas presentadas deberán
ajustarse a la naturaleza y particularidades de la Obligación a contratar,
siendo obligatorio hacer público todos los conceptos que representen un costo
para el Ente Público. En todo caso, la contratación se deberá realizar con
quien presente mejores condiciones de mercado de acuerdo con el tipo de
Obligación a contratar y conforme a la legislación aplicable.
Artículo 28.- Tratándose de la contratación de
Financiamientos u Obligaciones a través del mercado bursátil, el Ente Público
deberá fundamentar en el propio documento de colocación, las razones por las
cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el bancario. Bajo la
opción bursátil se exceptúa del cumplimiento a que hace referencia el artículo
26 de esta Ley, no obstante, deberá precisar todos los costos derivados de la
emisión y colocación de valores a cargo del Ente Público.
La
Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá mediante disposiciones de
carácter general, los requisitos de revelación respecto de los gastos
relacionados con la oferta de los valores a emitir que deberán cumplir los
Entes Públicos, los cuales incluirán un comparativo respecto de los costos
incurridos en emisiones similares en los últimos 36 meses por parte de otros
Entes Públicos, así como respecto de otras opciones contempladas por el Ente
respectivo. Los Entes Públicos deberán entregar a su respectiva Legislatura
local una copia de los documentos de divulgación de la oferta el día hábil
siguiente de su presentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
preliminar como definitiva.
Artículo 29.- Con excepción de los Financiamientos que
se contraten mediante el mercado bursátil,
cuando la autorización del Financiamiento a que hace referencia el artículo
24 exceda de cien millones de Unidades de Inversión, dicho proceso de
contratación se realizará mediante licitación pública, en los términos
siguientes:
I. El proceso competitivo descrito en
el artículo 26 de esta Ley deberá realizarse públicamente y de manera
simultánea. Para ello, las propuestas presentadas deberán entregarse en una
fecha, hora y lugar previamente especificados y serán dadas a conocer en el
momento en que se presenten, pudiendo emplear mecanismos electrónicos que
aseguren el cumplimiento de lo anterior. El Ente Público no estará obligado a
presentar las negativas de participación presentadas por las Instituciones
Financieras o prestador de servicios.[21]
En caso de no obtener el mínimo de ofertas
irrevocables, la licitación pública será declarada desierta por única ocasión,
por lo que el Ente Público deberá realizar una nueva licitación pública y, en
caso de no obtener dos ofertas irrevocables en los términos de la fracción I
del artículo 26 de esta Ley, la oferta ganadora será aquella que se hubiera
presentado en el día y la hora indicada en la convocatoria, misma que deberá
cumplir con los términos establecidos en la propia convocatoria. La
convocatoria podrá indicar supuestos adicionales bajo los cuales podrá
declararse desierta una licitación pública, y[22]
II. La institución financiera participante que
resulte ganadora del proceso competitivo se dará a conocer en un plazo no mayor
a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido de conformidad con la
fracción anterior, a través de medios públicos, incluyendo la página oficial de
Internet del propio Ente Público, publicando el documento en que conste la
comparación de las propuestas presentadas.
CAPÍTULO II
De la Contratación
de Obligaciones a Corto Plazo
Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los
Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la
Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
I. En todo momento, el saldo insoluto total
del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por
ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir
Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el
ejercicio fiscal correspondiente;
II. Las Obligaciones a corto plazo queden
totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de
gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas
Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses;
III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser
quirografarias, y
IV. Ser inscritas en el Registro Público
Único.
Para dar
cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones
de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo
26 de la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán
sujetas a los requisitos de información previstos en esta Ley.
Artículo 31.- Los recursos derivados de las
Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir
necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias
de liquidez de carácter temporal.
Las
Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a
que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva
cuenta pública, la información detallada de las Obligaciones a corto plazo
contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos
importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado.
Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto
plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a
la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.
Artículo 32.- Las Obligaciones a corto plazo a
que se refiere el presente Capítulo no podrán ser objeto de Refinanciamiento o
Reestructura a plazos mayores a un año.[23]
CAPÍTULO III
De la Contratación
de Deuda Pública por parte de la Ciudad de México
Artículo 33.- Los Financiamientos de la Ciudad de México
se sujetarán a lo siguiente:
I. Deberán contratarse con apego a lo
aprobado por el Congreso de la Unión, en la Ley de Ingresos de la Federación,
este artículo y las directrices de contratación que, al efecto, emita la
Secretaría;
II. Las obras que se financien con el monto de
endeudamiento neto autorizado deberán:
a) Producir directamente un incremento en
los ingresos públicos;
b) Contemplarse en el Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal correspondiente;
c) Apegarse a las disposiciones legales
aplicables, y
d) Previamente a la contratación del
Financiamiento respectivo, contar con registro en la cartera de inversión que
integra y administra la Secretaría, de conformidad con los términos y
condiciones que la misma determine para ese efecto;
III. Las operaciones de Financiamiento deberán
contratarse bajo las mejores condiciones de mercado en términos del Capítulo I
del Título Tercero de esta Ley, que redunden en un beneficio para las finanzas
de la Ciudad de México y en los instrumentos que, a consideración de la
Secretaría, no afecten las fuentes de financiamiento del sector público federal
o de las demás Entidades Federativas y Municipios;
IV. El monto de los desembolsos de los
recursos derivados de Financiamientos que integren el endeudamiento neto
autorizado y el ritmo al que procedan, deberán conllevar una correspondencia
directa con las ministraciones de recursos que vayan presentando las obras
respectivas, de manera que el ejercicio y aplicación de los mencionados
recursos deberá darse a paso y medida en que proceda el pago de las citadas
ministraciones. El desembolso de dichos recursos deberá destinarse directamente
al pago de aquellas obras que ya hubieren sido adjudicadas bajo la normatividad
correspondiente;
V. El Gobierno de la Ciudad de México, por
conducto del Jefe de Gobierno, remitirá trimestralmente al Congreso de la Unión
un informe sobre el estado de la Deuda Pública de la entidad y el ejercicio del
monto autorizado, desglosado por su origen, Fuente de pago y destino,
especificando las características financieras de las operaciones realizadas;
VI. La Auditoría Superior de la Federación,
en coordinación con la entidad de fiscalización de la Ciudad de México,
realizará auditorías a los contratos y operaciones de Financiamiento, a los
actos asociados a la aplicación de los recursos correspondientes y al
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo;
VII. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones de este
artículo y de las directrices de contratación que expida la Secretaría;
VIII. Los informes de avance trimestral que el
Jefe de Gobierno rinda al Congreso de la Unión conforme a la fracción V de este
artículo, deberán contener un apartado específico de Deuda Pública, de acuerdo
con lo siguiente:
a) Evolución de la Deuda Pública durante el
periodo que se informe;
b) Perfil de vencimientos del principal para
el ejercicio fiscal correspondiente y para al menos los 5 siguientes ejercicios
fiscales;
c) Colocación de deuda autorizada, por
entidad receptora y aplicación a obras específicas;
d) Relación de obras a las que se hayan
destinado los recursos de los desembolsos efectuados de cada Financiamiento,
que integren el endeudamiento neto autorizado;
e) Composición del saldo de la deuda por
usuario de los recursos y por acreedor;
f) Servicio de la deuda;
g) Costo financiero de la deuda;
h) Canje o Refinanciamiento;
i) Evolución por línea de crédito, y (sic)
j) Programa de colocación para el resto del
ejercicio fiscal, y
IX. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
por conducto de la secretaría de finanzas, remitirá al Congreso de la Unión a
más tardar el 31 de marzo de cada año, el programa de colocación de la Deuda
Pública autorizada para el ejercicio fiscal correspondiente.
CAPÍTULO IV
De la Deuda Estatal Garantizada
Artículo 34.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría,
podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas
de Deuda Pública de los Estados y los Municipios.
Sólo podrán
adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada, los
Estados y Municipios que cumplan con lo siguiente:
I. Que hayan celebrado convenio con la Secretaría, en
términos de este Capítulo, y
II. Afecten participaciones federales suficientes que les
correspondan, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, bajo un vehículo
específico de pago y en los términos que se convengan con la Secretaría.
Artículo 35.- En ningún momento, el saldo de la Deuda
Estatal Garantizada podrá exceder el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto
nominal nacional determinado para el ejercicio fiscal anterior por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
En caso de presentarse una
variación nominal negativa del Producto Interno Bruto, el monto avalado será el
equivalente al resultado del cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior. En
caso de variaciones en el Producto Interno Bruto que ocasionen que el saldo de
la Deuda Estatal Garantizada sobrepase el límite establecido en el primer
párrafo del presente artículo, la Deuda Estatal Garantizada previamente convenida
seguirá vigente y respetará los derechos adquiridos por terceros.
El
límite de Deuda Estatal Garantizada por Estado y por Municipio será de hasta un
monto equivalente al 100 por ciento de la suma de sus Ingresos de libre
disposición aprobados en su respectiva Ley de Ingresos del ejercicio
correspondiente, con la gradualidad siguiente:
I. Durante el primer año de vigencia del convenio, el
Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública de los Estados y, en su caso,
de los Municipios, hasta por el equivalente al 25 por ciento de sus Ingresos de
libre disposición;
II. En el segundo año de vigencia del convenio, el
Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública de los Estados y, en su caso,
de los Municipios, hasta por el equivalente al 50 por ciento de sus Ingresos de
libre disposición;
III. En el tercer año de vigencia del convenio, el Gobierno
Federal podrá garantizar Deuda Pública de los Estados y, en su caso, de los
Municipios, hasta por el equivalente al 75 por ciento de sus Ingresos de libre
disposición, y
IV. A partir del cuarto año de vigencia del convenio, el
Gobierno Federal podrá garantizar Deuda Pública de los Estados y, en su caso,
de los Municipios, hasta el equivalente al 100 por ciento de sus Ingresos de
libre disposición.
Para
efectos del límite establecido en el primer párrafo de este artículo, se
atenderán las solicitudes de los Estados y Municipios, una vez obtenida la
autorización referida en el siguiente artículo, estrictamente conforme al orden
en que hayan sido presentadas, hasta agotar dicho límite.
Artículo 36.- La autorización para celebrar los convenios a que se
refiere este Capítulo deberá ser emitida por las Legislaturas locales y, en su
caso, por los Ayuntamientos. Los convenios deberán ser publicados en el Diario
Oficial de la Federación, así como en el medio de difusión oficial del Estado
correspondiente.
En caso de que el
Estado incluya a sus Municipios en el mecanismo de coordinación previsto en
este Capítulo, deberá contar con el aval del propio Estado y suscribir un convenio
adicional y único con la Federación respecto a sus Municipios.
Artículo 37.- Los convenios a los que se refiere el presente
Capítulo, contendrán como mínimo lo siguiente:
I. Límites de endeudamiento, y
II. Otros objetivos de finanzas públicas, tales
como disminución gradual del Balance presupuestario de recursos disponibles
negativo y, en su caso, reducción del Gasto corriente y aumento de los Ingresos
locales.
Artículo 38.- Cuando el Estado en cuestión se ubique en un nivel de
endeudamiento elevado, según el Sistema de Alertas previsto en el siguiente
Capítulo del presente Título de esta Ley, el Congreso de la Unión, a través de
una comisión legislativa bicameral, analizará la estrategia de ajuste para
fortalecer las finanzas públicas, planteada en los convenios a que hace
referencia el presente Capítulo. En estos casos, la comisión legislativa
bicameral podrá emitir las observaciones que estime pertinentes en un plazo
máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción del proyecto de
convenio, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión.
La comisión
legislativa bicameral que se establecerá para estos fines, deberá estar
integrada por ocho miembros, cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público del Senado de la República y cuatro de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados. La presidencia de la comisión legislativa bicameral se ejercerá,
de manera alternada, por un diputado y por un senador con una periodicidad de
un año.
La comisión
legislativa bicameral podrá solicitar información a la Secretaría y al Consejo
Nacional de Armonización Contable sobre los convenios formalizados para el
otorgamiento de la Deuda Estatal Garantizada. Adicionalmente, la comisión
legislativa bicameral tendrá las atribuciones que le otorgue la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 39.- La totalidad de los convenios que se suscriban por
parte de la Federación con los Estados, así como los que incluyan a los
Municipios que se encuentren en un nivel de endeudamiento elevado, según el
Sistema de Alertas, deberán ser entregados a la comisión legislativa bicameral
de manera inmediata, sin exceder de diez días hábiles posteriores a su
formalización, a través de los representantes designados. Lo anterior, para
informar sobre las estrategias de ajuste que se prevean en los convenios
respectivos.
Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación
del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria
a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de
las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en
los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán
trimestralmente a la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información
que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación
periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaría
de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de
cada Municipio a la Secretaría.
Los Estados y
Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la
documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la
evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.
La Secretaría y los
Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet,
el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo.
Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su
respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la
Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.
Artículo 41.- En el caso de que un Estado o Municipio incumpla el
convenio respectivo, no podrán contratar Deuda Estatal Garantizada adicional y
dependiendo del grado de incumplimiento, deberán pagar a la Federación el costo
asociado a la Deuda Estatal Garantizada o acelerar los pagos del Financiamiento
respectivo, o realizar ambas acciones, según las condiciones que se establezcan
en el propio convenio.
En todo momento, la
Secretaría podrá dar por terminado el convenio suscrito en términos del
presente Capítulo, en el caso de que el Estado o Municipio incumpla el convenio
respectivo. La Secretaría hará la declaratoria correspondiente, la notificará
al Estado y, en su caso, al Municipio de que se trate y ordenará la publicación
de la misma en el Diario Oficial de la Federación.
En caso de
terminación del convenio por darse cumplimiento a su objeto o por acuerdo entre
las partes, la Secretaría hará la declaratoria correspondiente mediante
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La terminación
anticipada de los convenios referidos en el presente Capítulo no podrá afectar
derechos adquiridos por terceros en lo que corresponde al Financiamiento.
Artículo 42.- El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión
la Deuda Estatal Garantizada otorgada o finiquitada en términos de este
Capítulo, a través de los informes trimestrales a que se refiere la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, la
Secretaría enviará un reporte a la comisión legislativa bicameral sobre el
resultado de las evaluaciones que realicen de los convenios de los Estados y de
los Municipios que reporte cada Estado, en términos del artículo 40 de la
presente Ley. Igualmente, enviará un reporte sobre el Registro Público Único de
acuerdo al artículo 56 de la presente Ley.
CAPÍTULO V
Del Sistema de
Alertas
Artículo 43.- La Secretaría deberá realizar una evaluación de los
Entes Públicos que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos
en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de
libre disposición, de acuerdo a su nivel de endeudamiento. Para aquellos casos
en los que las Entidades Federativas o Municipios realicen la afectación de sus
participaciones federales en garantía o como Fuente de pago a través de un
fideicomiso público sin estructura que funja como acreditado en el
Financiamiento u Obligación correspondiente, se consolidarán estos con los
Financiamientos y Obligaciones de la Entidad Federativa o Municipio y serán
computables para efectos del Sistema de Alertas.[24]
Tratándose de
Obligaciones derivadas de contratos de Asociación Público-Privada, la
evaluación a que se refiere el párrafo anterior debe considerar las erogaciones
pendientes de pago destinadas a cubrir los gastos correspondientes a la
Inversión pública productiva.
La evaluación de los
Entes Públicos establecida en el presente Capítulo será realizada por la
Secretaría, única y exclusivamente con base en la documentación e información
proporcionada por los mismos Entes Públicos y disponible en el Registro Público
Único, por lo que dicha Secretaría no será responsable de la validez, veracidad
y exactitud de dicha documentación e información.
Artículo 44.- La medición del Sistema de Alertas se realizará con
base en los siguientes tres indicadores:
I.
Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición,
vinculado con la sostenibilidad de la deuda de un Ente Público. Entre mayor
nivel de apalancamiento menor sostenibilidad financiera.
Para el caso de los
proyectos contratados bajo esquemas de Asociación Público-Privada, sólo se
contabilizará la parte correspondiente a la inversión por infraestructura;
II.
Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de libre
disposición, el cual está vinculado con la capacidad de pago. Para su cálculo
se incluirán las amortizaciones, intereses, anualidades y costos financieros
atados a cada Financiamiento y pago por servicios derivados de esquemas de
Asociación Público-Privada destinados al pago de la inversión, y
III. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores
y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales,
sobre Ingresos totales, el cual muestra la disponibilidad financiera del Ente
Público para hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12
meses en relación con los ingresos totales.[25]
La definición
específica de cada indicador, su aplicación, periodicidad de medición y la
obligación de entrega de información por parte de los Entes Públicos, serán
establecidas en las disposiciones que al efecto emita la Secretaría. En caso de
modificación de dichas disposiciones, como mínimo deberá establecerse un
período de 180 días para su entrada en vigor.
En caso de que a
consideración de la Secretaría exista otro indicador que resulte relevante para
el análisis de las finanzas de los Entes Públicos, podrá publicarlo, sin que
ello tenga incidencia en la clasificación de los Entes Públicos dentro del
Sistema de Alertas.
Artículo 45.- Los resultados obtenidos de acuerdo con la medición
de los indicadores a que hace referencia el artículo anterior, serán publicados
en el Sistema de Alertas, el cual clasificará a cada uno de los Entes Públicos
de acuerdo con los siguientes niveles:
I. Endeudamiento sostenible;
II. Endeudamiento en observación, y
III. Endeudamiento elevado.
Artículo 46.- De acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas,
cada Ente Público tendrá los siguientes Techos de Financiamiento Neto:
I. Bajo un endeudamiento sostenible,
corresponderá un Techo de Financiamiento Neto de hasta el equivalente al 15 por
ciento de sus Ingresos de libre disposición;
II. Un endeudamiento en observación tendrá
como Techo de Financiamiento Neto el equivalente al 5 por ciento de sus
Ingresos de libre disposición, y
III. Un nivel de endeudamiento elevado tendrá
un Techo de Financiamiento Neto igual a cero.
Para los casos
previstos en el artículo 7, fracciones I, II y III de esta Ley, se autorizará
Financiamiento Neto adicional al Techo de Financiamiento Neto contemplado en
este artículo, hasta por el monto de Financiamiento Neto necesario para
solventar las causas que generaron el Balance presupuestario de recursos
disponible negativo.
Para efectos de la
determinación del Techo de Financiamiento Neto de aquellos Entes Públicos que
no tengan contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro
Público Único, que den lugar a la evaluación que deberá realizar la Secretaría
sobre los indicadores del Sistema de Alertas de acuerdo a los artículos 43 y 44
de esta Ley, tendrán que entregar la información requerida por la Secretaría de
acuerdo al Reglamento del Registro Público Único para la evaluación
correspondiente.
Artículo 47.- En caso de que un Ente Público, con excepción
del Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa y de los Municipios, se ubique en
un nivel de endeudamiento elevado, deberá firmar un convenio con el Poder
Ejecutivo de la Entidad Federativa o con el Municipio, para establecer
obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria.[26]
El seguimiento de las obligaciones de responsabilidad
hacendaria establecidas en dicho convenio, estará a cargo del Poder Ejecutivo
de la Entidad Federativa o del Municipio, según corresponda. El seguimiento
referido deberá realizarse con una periodicidad trimestral, remitirse a la
Secretaría y publicarse a través de las páginas oficiales de Internet del ente
responsable del seguimiento.[27]
Artículo 48.- El Sistema de Alertas será publicado en la
página oficial de Internet de la Secretaría de manera permanente, debiendo
actualizarse de la siguiente manera:[28]
a) Trimestralmente, tratándose de Entidades Federativas,
dentro de los 60 días naturales posteriores al término de cada trimestre;[29]
b) Semestralmente, para el caso de los Municipios,
dentro de los 90 días naturales posteriores al término de cada semestre, y[30]
c) Anualmente, en el caso de Entes Públicos distintos de
la administración pública centralizada de las Entidades Federativas y los
Municipios, a más tardar el último día hábil de agosto del ejercicio fiscal de
que se trate.[31]
CAPÍTULO VI
Del Registro Público
Único
Artículo 49.- El Registro Público Único estará a cargo de la
Secretaría y tendrá como objeto inscribir y transparentar la totalidad de los
Financiamientos y Obligaciones a cargo de los Entes Públicos. Los efectos del
Registro Público Único son únicamente declarativos e informativos, por lo que
no prejuzgan ni validan los actos jurídicos por los cuales se celebraron las
operaciones relativas.
Los Financiamientos
y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa mas no
limitativa, son: créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento
financiero, operaciones de factoraje, garantías, Instrumentos derivados que
conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de Asociaciones
Público-Privadas. Tanto las garantías, como los Instrumentos derivados antes
referidos deberán indicar la obligación principal o el subyacente
correspondiente, con el objeto de que el Registro Público Único no duplique los
registros.
Para efectos de los
artículos 22 y 32 bis 1 del Código de Comercio, el Registro Público Único
constituye un registro especial. Asimismo, en el caso de Financiamientos y
Obligaciones con Fuente o Garantía de pago de participaciones, aportaciones
federales, ingresos o derechos de cobro distintos de las contribuciones de los
Entes Públicos, la inscripción del Financiamiento o la Obligación en el
Registro Público Único bastará para que se entienda inscrito el mecanismo de
Fuente de pago o Garantía correspondiente.
Artículo 50.- Para la inscripción, modificación y cancelación de
los asientos registrales del Registro Público Único se atenderá a lo
establecido en esta Ley, a lo que se establezca en el reglamento de dicho
registro y, en su caso, las disposiciones que al efecto emita la Secretaría.
La inscripción de
los Financiamientos y Obligaciones en el Registro Público Único, así como sus
modificaciones, cancelaciones y demás trámites relacionados podrán realizarse a
través de medios electrónicos, de conformidad con lo que establezca el
reglamento de dicho registro.
Artículo 51.- Para la inscripción de los Financiamientos y
Obligaciones en el Registro Público Único se deberá cumplir con lo siguiente:
I. Los Financiamientos y Obligaciones deberán
cumplir con los requisitos establecidos en los Capítulos I y II del Título
Tercero de la presente Ley, en los términos del reglamento del Registro Público
Único;
II. En el caso de Financiamientos y
Obligaciones que utilicen como Garantía o Fuente de pago las participaciones o
aportaciones federales, se deberá cumplir con las disposiciones establecidas en
la Ley de Coordinación Fiscal;
Las Entidades Federativas o Municipios que
realicen la afectación de sus participaciones federales en garantía o como
Fuente de pago a través de un fideicomiso público sin estructura que funja como
acreditado en el Financiamiento u Obligación correspondiente, deberán cumplir
con los requisitos que al efecto determine el Reglamento del Registro Público
Único. En los reportes que en términos de esta Ley deben presentarse respecto
de los Financiamientos y Obligaciones, éstos serán consolidados con los
Financiamientos y Obligaciones de la Entidad Federativa o del Municipio, según
corresponda;[32]
III. En el caso de la Ciudad de México se
deberá cumplir además con lo previsto en el Capítulo III del Título Tercero de
esta Ley, lo cual deberá ser acreditado con la inscripción en el Registro de la
Deuda del Sector Público Federal;
IV. En el caso de la Deuda Estatal Garantizada
se deberá contar con la inscripción en el Registro de la Deuda del Sector
Público Federal;
V. Contar con el registro de empréstitos y
obligaciones de la Entidad Federativa correspondiente;
VI. En su caso, el Ente Público deberá estar
en cumplimiento con la entrega de información para la evaluación del Sistema de
Alertas establecido en la presente Ley;
VII. Tratándose de Obligaciones que se originen
de la emisión de valores, bastará con que se presente evidencia de dichos
valores, de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento del
Registro Público Único, en el entendido que dentro de los diez días hábiles
siguientes a la inscripción de los mismos deberá notificarse a la Secretaría su
circulación o colocación; de lo contrario, se procederá a la cancelación de la
inscripción;
VIII. Se registrarán los Financiamientos y Obligaciones de
los Municipios y sus Entes Públicos, tanto los que cuenten con la garantía del
Estado, como en los que, a juicio del propio Estado, los Municipios tengan
ingresos suficientes para cumplir con los mismos;
IX. Los Entes Públicos deberán publicar su
información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable al cual hace referencia dicha Ley. Para tal efecto, los Entes Públicos
deberán presentar la opinión de la entidad de fiscalización superior de la
entidad federativa correspondiente, en la que manifieste si el ente público
cumple con dicha publicación;
X. Los Financiamientos destinados al
Refinanciamiento sólo podrán liquidar Financiamientos previamente inscritos en
el Registro Público Único, y
XI. Los demás requisitos que establezca el
propio reglamento del Registro Público Único.
Artículo 52.- En el Registro Público Único se inscribirán en un
apartado específico las Obligaciones que se deriven de contratos de
Asociaciones Público-Privadas. Para llevar a cabo la inscripción, los Entes
Públicos deberán presentar al Registro Público Único la información relativa al
monto de inversión del proyecto a valor presente y el pago mensual del
servicio, identificando la parte correspondiente al pago de inversión, el plazo
del contrato, así como las erogaciones pendientes de pago.
Artículo 53.- La disposición o desembolso del Financiamiento
u Obligación a cargo de los Entes Públicos estará condicionada a la inscripción
de los mismos en el Registro Público Único, excepto tratándose de Obligaciones
a corto plazo o emisión de valores.[33]
En el caso de Obligaciones a corto plazo la solicitud
de inscripción deberá presentarse ante el Registro Público Único, en un período
no mayor a 30 días naturales contados a partir del día siguiente al de su
contratación.[34]
Tratándose de emisión de valores, el Ente Público
deberá presentar en un plazo de diez días hábiles siguientes a la inscripción
de la emisión en el Registro Público Único, la colocación o circulación de los
valores a efecto de perfeccionar la inscripción.[35]
Artículo 54.- Para la cancelación de la inscripción en
el Registro Público Único de un Financiamiento u Obligación, el Ente Público deberá presentar la
documentación mediante la cual el acreedor manifieste que el Financiamiento u Obligación fue liquidado o, en su caso, que no ha sido
dispuesto.
Artículo 55.- La Secretaría podrá solicitar a las
Instituciones financieras, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, la información correspondiente a las Obligaciones y Financiamientos de
los Entes Públicos, con el fin de conciliar la información del Registro Público
Único. En caso de detectar diferencias, deberán publicarse en el Registro
Público Único.
Lo dispuesto en este
artículo se considera una excepción a lo previsto en los artículos 142 de la
Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, fracción I, inciso p), fracción II,
inciso k); fracción III, inciso c) y fracción IV, inciso p) de la Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 177 y 220, fracción II,
inciso c) de la Ley del Mercado de Valores; 268 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas; 69 de la Ley para Regular las actividades de las
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 44 de la Ley de Uniones de
Crédito; así como 34 y 46 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Artículo 56.- El Registro Público Único se publicará a través de la
página oficial de Internet de la Secretaría y se actualizará diariamente. La
publicación deberá incluir, al menos, los siguientes datos: deudor u obligado,
acreedor, monto contratado, fecha de contratación, tasa de interés, plazo
contratado, recurso otorgado en Garantía o Fuente de pago, fecha de inscripción
y fecha de última modificación en el Registro Público Único. Asimismo, deberá
incluir la tasa efectiva, es decir, la tasa que incluya todos los costos
relacionados con el Financiamiento u Obligación de acuerdo con la metodología
que para tal efecto expida la Secretaría a través de lineamientos.
La Secretaría
elaborará reportes de información específicos, mismos que tendrán como
propósito difundir, cuando menos, la siguiente información: identificación de
los recursos otorgados en Garantía o Fuente de pago de cada Entidad Federativa
o Municipio, registro histórico y vigente de los Financiamientos y
Obligaciones. Los reportes de información específicos deberán publicarse en la
página oficial de Internet de la Secretaría, debiendo actualizarse
trimestralmente dentro de los 60 días posteriores al término de cada trimestre.
Artículo 57.- Para mantener actualizado el Registro Público Único,
las Entidades Federativas deberán enviar trimestralmente a la Secretaría,
dentro del plazo de 30 días naturales posteriores al término de los meses de
marzo, junio, septiembre y diciembre, la información correspondiente a cada
Financiamiento y Obligación de la Entidad Federativa y de cada uno de sus Entes
Públicos.
TÍTULO CUARTO
De la Información y
Rendición de Cuentas
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 58.- Los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental para presentar la información financiera en los informes
periódicos correspondientes y en su respectiva Cuenta Pública.
Lo anterior, sin
perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la Ley de
Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, y el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, relativas a las
Transferencias federales etiquetadas.
Artículo 59.- Los Entes Públicos deberán entregar la información
financiera que solicite la Secretaría para dar cumplimiento a esta Ley, en los
términos de las disposiciones que para tal efecto emita.
Artículo 60.- La fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto
en esta Ley corresponderá a las entidades de fiscalización superior de las
Entidades Federativas, así como a la Auditoría Superior de la Federación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
La Auditoría
Superior de la Federación, en los términos de las disposiciones federales
aplicables, fiscalizará las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno
Federal respecto a Financiamientos de los Estados y Municipios, así como el
destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado dichos
gobiernos locales.
TÍTULO QUINTO
De las Sanciones
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 61.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento
a los preceptos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones
aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en
la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos y demás disposiciones aplicables, en términos del Título
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 62.- Los servidores públicos y las personas físicas o
morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda de las
Entidades Federativas o de los Municipios, incluyendo en su caso, los
beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables,
o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables
del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las
disposiciones generales aplicables.
Las
responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan
ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y,
subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido
la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o
negligencia por parte de los mismos.
Serán responsables
solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o
morales privadas en los casos en que hayan participado y originen una
responsabilidad.
Artículo 63.- Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por
el incumplimiento a las disposiciones de esta Ley tendrán el carácter de
créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al
procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable.
Artículo 64.- Los funcionarios de las Entidades Federativas y los
Municipios informarán a la autoridad competente cuando las infracciones a esta
Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la
legislación penal.
Artículo 65.- Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta
Ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de
carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a
determinarse por las autoridades competentes.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo por lo previsto en los
transitorios siguientes.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
TERCERO.- Las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios realizarán
las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean
necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar a los 180 días
naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.
CUARTO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y
la responsabilidad hacendaria de las Entidades Federativas a que se refiere el
Capítulo I del Título Segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del
ejercicio fiscal 2017, con las salvedades previstas en los transitorios Quinto
al Noveno.
QUINTO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 9 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo
al nivel de aportación al fideicomiso para realizar acciones preventivas o
atender daños ocasionados por desastres naturales, corresponderá a un 2.5 por
ciento para el año 2017, 5.0 por ciento para el año 2018, 7.5 por ciento para el
año 2019 y, a partir del año 2020 se observará el porcentaje establecido en el
artículo citado.
SEXTO.- La fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios entrará en vigor para efectos del
Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
Adicionalmente, los servicios
personales asociados a seguridad pública y al personal médico, paramédico y
afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
hasta el año 2020. En ningún caso, la excepción transitoria deberá considerar
personal administrativo.
Las nuevas leyes federales o
reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción a que
se refiere el presente transitorio serán aquéllas que se emitan con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
SÉPTIMO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a
los adeudos del ejercicio fiscal anterior de las Entidades Federativas, será
del 5 por ciento para el ejercicio 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 por
ciento para el 2019 y, a partir del 2020 se observará el porcentaje establecido
en el artículo citado.
OCTAVO.- El registro de proyectos de Inversión pública productiva de cada
entidad federativa y el sistema de registro y control de las erogaciones de servicios
personales, a que se refiere el artículo 13, fracción III, segundo párrafo y la
fracción V, segundo párrafo, respectivamente de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá estar en operación a más
tardar el 1o. de enero de 2018.
NOVENO.- Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición
a que hace referencia el artículo 14, fracción I de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, podrán destinarse a
reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo de
ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de esta Ley y hasta el
ejercicio fiscal 2022.
(Se deroga)[36]
DÉCIMO.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y
la responsabilidad hacendaria de los Municipios a que se refiere el Capítulo II
del Título Segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio
fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Décimo Primero y
los que apliquen de acuerdo al artículo 21 de dicha Ley.
DÉCIMO PRIMERO.- El porcentaje a que hace referencia el artículo 20 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, relativo a
los adeudos del ejercicio fiscal anterior de los Municipios, será del 5.5 por
ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 3.5 por ciento para
el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en
dicho artículo.
DÉCIMO SEGUNDO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicará las
disposiciones a las que hace referencia el artículo 28 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a más tardar a los
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO
TERCERO.- El Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrá
otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de
deuda pública de Estados y Municipios asumidas entre el 1o. de enero de 2015 y
la fecha en la que el Estado celebre el convenio referido en el Capítulo IV del
Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, salvo que se trate de deuda pública de los Estados y
Municipios que haya sido contraída para refinanciar o reestructurar deuda
pública asumida con anterioridad al 1o. de enero de 2015.
DÉCIMO CUARTO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, podrá otorgar la garantía del Gobierno Federal a las
obligaciones constitutivas de deuda pública de los Estados y Municipios, en
términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, a partir de los 90 días
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto en el Diario Oficial de
la Federación, siempre y cuando el Estado y, en su caso Municipio
correspondiente, cumpla con la publicación de su información financiera de acuerdo
con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las
normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para tal
efecto, los entes públicos deberán presentar la opinión de la entidad de
fiscalización superior de la entidad federativa correspondiente, en la que
manifieste si el ente público cumple con dicha disposición.
Asimismo, para efectos del párrafo
anterior, el Estado o Municipio deberá estar al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en los transitorios Sexto y Séptimo, segundo
párrafo, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, publicado
el 26 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En caso contrario,
el Estado o Municipio no podrá acceder a la Deuda Estatal Garantizada, hasta su
cumplimiento.
Adicionalmente, en tanto entra en
operación el Sistema de Alertas en los términos establecidos en el siguiente
artículo transitorio, los convenios que se formalicen con la Deuda Estatal
Garantizada deberán remitirse a la comisión legislativa bicameral para su
análisis y opinión correspondiente. Una vez que entre en operación el Sistema
de Alertas se aplicará lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
DÉCIMO QUINTO.- El Sistema de Alertas a que se refiere el Capítulo V del Título
Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios entrará en operación, a más tardar el 1o. de abril de 2017.
El Ejecutivo Federal deberá emitir
el reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo anterior, a más
tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto.
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de los Entes Públicos que, a la entrada en vigor de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se
ubiquen en un endeudamiento elevado conforme a la evaluación inicial del
Sistema de Alertas, los convenios a que hacen referencia los artículos 34 y 47
de dicha Ley, podrán establecer un Techo de Financiamiento Neto distinto al
señalado en el artículo 46 de la misma.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Los recursos que sean otorgados a los Entes Públicos a través del
esquema de los certificados de infraestructura educativa nacional,
pertenecientes al Programa Escuelas al CIEN, quedarán exentos del reintegro que
deba realizarse a la Tesorería de la Federación, señalado por el artículo 17 de
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y estarán a lo dispuesto en
dicho programa.
DÉCIMO
OCTAVO.- El Registro Público
Único a que se refiere el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios sustituirá
al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y entrará
en operación, a más tardar el 1o. de abril de 2017.
El Ejecutivo Federal deberá emitir el
reglamento a que se refiere el Capítulo citado en el párrafo anterior, a más tardar
180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Los trámites iniciados ante el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, con anterioridad a la
entrada en vigor del Registro Público Único, se llevarán a cabo de conformidad
con las disposiciones vigentes en la fecha de inicio del trámite.
Las referencias al Registro de Obligaciones y
Empréstitos de Entidades y Municipios en las leyes y disposiciones
administrativas, así como en cualquier otro acto jurídico, se entenderán hechas
al Registro Público Único.
DÉCIMO
NOVENO.- Las obligaciones
establecidas en los Capítulos I, II y III del Título Tercero de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
relacionados con el Registro Público Único serán aplicables hasta la entrada en
operación del mismo. En tanto, seguirán vigentes las disposiciones del Registro
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios.
VIGÉSIMO.-
El Consejo Nacional de
Armonización Contable deberá emitir, en un plazo máximo de 180 días naturales
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las normas necesarias
para identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de
libre disposición, transferencias federales etiquetadas y deuda pública, en los
términos definidos en el artículo 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
VIGÉSIMO
PRIMERO.- Las menciones que
en las leyes, reglamentos, decretos y cualquier disposición administrativa, así
como en contratos, convenios y cualquier instrumento jurídico se hagan a la Ley
General de Deuda Pública, se entenderán referidas a la Ley Federal de Deuda
Pública.
DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 30 DE ENERO DE 2018
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Los Entes Públicos con Financiamientos u
Obligaciones contraídos con anterioridad a la entrada en operación del Registro
Público Único, deberán solicitar su inscripción ante dicho Registro para lo
cual contarán con un plazo de seis meses contado a partir de la publicación de
este Decreto, para lo cual los Entes Públicos deberán acreditar que se
cumplieron los requisitos aplicables de la normatividad vigente en el momento
de su contratación.
Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
publicará en su página oficial de Internet la medición inicial del Sistema de
Alertas para Municipios a más tardar el último día hábil de julio de 2018, con
base en la información de su Cuenta Pública 2017. Esta medición determinará el
Techo de Financiamiento Neto al cual podrán acceder durante el ejercicio fiscal
2019.
En el caso de los Entes Públicos distintos a la
administración pública centralizada de las Entidades Federativas y los
Municipios, la Secretaría publicará en su página oficial de Internet la
medición inicial del Sistema de Alertas a más tardar el último día hábil de
agosto de 2019, con base en la información de su Cuenta Pública 2018. Esta
medición determinará el Techo de Financiamiento Neto al cual podrán acceder
durante el ejercicio fiscal 2020.
Cuarto.- En lo correspondiente al segundo párrafo del
artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, adicionalmente podrán destinarse a Gasto corriente hasta el
ejercicio fiscal 2018 los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre
disposición, siempre y cuando la Entidad Federativa se clasifique en un nivel
de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.
El tercer párrafo del artículo 14 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entrará en
vigor a partir del ejercicio fiscal 2019.
Para efectos del cuarto párrafo del artículo 14 de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
sólo se considerarán los Ingresos de libre disposición destinados a un fin
específico en términos de las leyes que a la fecha de la entrada en vigor del
presente Decreto se encuentren vigentes.
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2017.- Dip.
Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo,
Presidente.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria.- Sen. Juan G. Flores
Ramírez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para
su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintinueve
de enero de dos mil dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica
[1] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[2] Adición publicada en el DOF el 30 de enero de 2018
[3] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[4] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[5] Adición publicada en el DOF el 30 de enero de 2018
[6] Reforma publicada
en el DOf el 30 de enero de 2018
[7] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[8] Reformada en el DOF el 30 de enero de 2018
[9] Adicionada en el DOF el 30 de enero de 2018
[10] Adicionada en el DOF el 30 de enero de 2018
[11] Reformada en el DOF el 30 de enero de 2018
[12] Reformada en el DOF el 30 de enero de 2018
[13] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[14] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[15] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[16] Reforma publicada en el DOF el 30 de enero de 2018
[17] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[18] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[19] Adición publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[20] Adición publicada en el DOF el 30 de enero de 2018
[21] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[22] Reforma publicada en el DOF el 30 de enero de 2018
[23] Reforma publicada en
el DOF el 30 de enero de 2018
[24] Reforma publicada en el DOF el 30 de enero de 2018
[25] Reforma publicada en el DOF el 30 de enero de 2018
[26] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[27] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[28] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[29] Adición publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[30] Adición publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[31] Adición publicada en el DOF el 30 de enero de 2018
[32] Adición publicada en el DOF el 30 de enero de 2018
[33] Reforma publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[34] Adición publicada
en el DOF el 30 de enero de 2018
[35] Adición publicada en el DOF el 30 de enero de 2018
[36] Reforma publicada en el DOF el 30 de enero de 2018