LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Ley publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2017

 

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés general y tiene por objeto establecer las reglas mínimas de comportamiento cívico para garantizar la sana convivencia, respeto y cuidado entre las personas, los bienes públicos y privados, determinar las acciones para su cumplimiento, promoción de una cultura de paz y de legalidad que fortalezca la convivencia armónica, la difusión del orden normativo de la Ciudad, y de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y servidores públicos.

 

En lo no previsto por el presente ordenamiento serán de aplicación supletoria la legislación en materia civil y penal, así como la de justicia alternativa.

 

Artículo 2.- Son valores fundamentales para la cultura cívica en la Ciudad de México, que favorecen la convivencia armónica de sus habitantes, los siguientes:

 

l. La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y servicios públicos y la seguridad ciudadana;

 

II. La autorregulación, sustentada en la capacidad de los habitantes de la Ciudad de México para asumir una actitud de respeto a la normatividad y exigir a los demás y a las autoridades su observancia y cumplimiento;

 

III. La prevalencia del diálogo, la conciliación y la mediación como medios de solución de conflictos y la utilización de Auxiliares para la gestión y solución de conflictos;

 

IV. El respeto por la diferencia y la diversidad de la población de la Ciudad de México;

 

V. El sentido de pertenencia a la comunidad y a la Ciudad de México;

 

VI. La colaboración como una vertiente del mejoramiento del entorno y de la calidad de vida, y

 

VII. La legalidad como un sistema normativo y una cultura de acciones orientadas al ejercicio, respeto y cumplimiento a la ley por parte de ciudadanos y servidores públicos; y

 

VIII. El respeto a la dignidad de la persona humana.

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

 

I. Consejería; a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México;

 

II. Consejo; al Consejo de Justicia Cívica de la Ciudad de México;

 

III. Alcaldía; Órgano Político Administrativo de la Ciudad de México;

 

IV. Dirección; a la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica;

 

V. Elemento de Policía; al elemento de la Policía de la Ciudad de México;

 

VI. Infracción; al acto u omisión que sanciona la presente Ley;

 

VII. Titular del Ejecutivo Local; a la persona titular de la Jefatura de Gobierno

 

VIII. Alcaldes; a los Titulares de los Órganos Político Administrativos de la Ciudad de México;

 

IX. Juez; al Juez Cívico;

 

X. Juzgado; al Juzgado Cívico;

 

XI. Ley; a la presente Ley;

 

XII. Probable infractor; a la persona a quien se le imputa la comisión de una infracción;

 

XIII. Registro de Infractores; al Registro de Infractores de la Ciudad de México;

 

XIV. Unidad de Medida y Actualización, a la Unidad de Medida y Actualización vigente.

 

XV. Secretaría; a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;

 

XVI. Secretaría de Salud; a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

 

XVII. Secretario; al Secretario del Juzgado;

 

XVIII. Médico, al médico o médico legista;

 

XIX. Adolescente: la persona cuya edad se encuentra comprendida entre los doce años cumplidos y menos de dieciocho años;

 

XX. Persona con capacidades diferentes: a toda persona que presente temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar sus actividades connaturales;

 

XXI. Persona en situación de calle: menor o adulto de ambos sexos, que carece de un lugar permanente para residir y se ve obligada a vivir a la intemperie;

 

XXII. Persona en situación de descuido: la persona desatendida por sus padre, madre o tutor, tratándose de menores de edad o incapaces, o personas de la tercera edad desatendida por el responsable de su cuidado.

 

XXIII. Auxiliares de los Juzgados: perito, mediador comunitario, trabajador social y defensor de oficio;

 

XXIV. Mediación comunitaria: la negociación asistida por un tercero imparcial, denominado mediador comunitario, en la que participen dos o más personas involucradas en una controversia de carácter comunitario cuando así lo determine el Juez, o las partes se sometan a la mediación.

 

XXV. Mediador comunitario: especialista que habiendo satisfecho los requisitos aplicables, se encuentra capacitado, certificado y registrado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para conducir el procedimiento de mediación comunitaria. Será servidor público adscrito a una Delegación, y

 

XXVI. Re–mediación: procedimiento posterior a la mediación, que se utiliza cuando el convenio alcanzado en ésta se ha incumplido parcial o totalmente, o cuando surgen nuevas circunstancias que hacen necesario someter el asunto nuevamente a mediación.

 

XXVII. Creadores Culturales: La persona o conjunto de personas dedicadas a una o varias actividades o manifestaciones culturales dentro del ámbito artístico, cuya obra sea considerada representativa, valiosa o innovadora.

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley son considerados como responsables:

 

I. Los adolescentes, con edad entre los doce y los dieciocho años;

 

II. Los mayores de dieciocho años;

 

III. Las personas físicas o morales que ordenen la realización de alguna conducta que represente alguna infracción

 

Artículo 5.- Se comete infracción cuando la conducta tenga lugar en:

 

I. Espacios públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, calles, callejones, camellones, avenidas, viaductos, calzadas, vías terrestres de comunicación, paseos, jardines, parques o áreas verdes y deportivas;

II. Inmuebles públicos o privados de acceso público, como mercados, centros comerciales, templos, cementerios, centros de recreación, de reunión, deportivos, de espectáculos o cualquier otro análogo;

 

III. Inmuebles y muebles públicos destinados la prestación de servicios públicos;

 

IV. Vehículos públicos o privados destinados al servicio público de transporte, así como en la infraestructura o instalaciones de cualquier sistema de transporte público;

 

V. Inmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que tengan efectos en la vía, espacios y servicios públicos o se ocasionen molestias a los vecinos; y

 

VI. Lugares de uso común tales como plazas, áreas verdes, jardines, senderos, calles, avenidas interiores y áreas deportivas, de recreo o esparcimiento, que formen parte de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, conforme a lo dispuesto por la ley de la materia.

 

Artículo 6.- La responsabilidad determinada conforme a esta Ley es autónoma de las consecuencias jurídicas que las conductas pudieran generar en otro ámbito. El Juez hará la remisión al Ministerio Público cuando, de los hechos de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones, pueda constituirse delito que se persiga de oficio.

 

Artículo 7.- La aplicación de las disposiciones de esta ley corresponde en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias a:

 

I. La persona titular del Ejecutivo Local;

 

II. La Consejería;

 

III. La Secretaría;

 

IV. La Secretaría de Salud;

 

V. Titulares de los órganos político administrativos;

 

VI. La Dirección;

 

VII. Los Juzgados; y

 

VIII. Secretarios de los Juzgados

 

CAPÍTULO II

ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES

 

Artículo 8.- Corresponde al Titular del Ejecutivo Local:

I. Aprobar el número, distribución y competencia territorial de los Juzgados Cívicos, facultad que podrá ser delegada al titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, mediante acuerdo que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y

 

II. Nombrar y remover previo proceso de acreditación de la comisión de delito o falta administrativa a los Jueces y Secretarios de los Juzgados Cívicos. Esta facultad podrá ser delegada en la persona titular de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, mediante acuerdo que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

 

Artículo 9.- Corresponde a la Consejería:

 

I. Establecer el número, distribución y competencia territorial de los Juzgados que deban funcionar en cada demarcación territorial, previo acuerdo que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para tales efectos la Consejería deberá tomar en cuenta la opinión de la Alcaldía;

 

II. Proponer al Titular del Ejecutivo Local los nombramientos, adscripción y remoción de los Jueces y Secretarios;

 

III. Diseñar los procedimientos para la supervisión, control y evaluación periódicos del personal de los Juzgados;

 

IV. Emitir los lineamientos para la extinción de las sanciones a través de las actividades de apoyo a la comunidad o condonación de las mismas impuestas por los Jueces;

 

V. Supervisar el funcionamiento de los Juzgados, de manera periódica y constante, con el fin de que realicen sus funciones conforme a esta Ley y a las disposiciones legales aplicables;

 

VI. Establecer los criterios de selección para los cargos de Juez y Secretario, pudiendo dispensar el examen de ingreso siempre y cuando exista razón fundada y motivada

 

VII. Diseñar y desarrollar los contenidos del curso propedéutico correspondiente al nombramiento de Jueces y Secretarios e instrumentar mecanismos de actualización mediante convenios con instituciones académicas;

 

VIII. Dotar a los Juzgados de personal eficaz y suficiente para el desempeño de sus labores, de acuerdo a la carga de trabajo;

 

IX. Promover la difusión de la Cultura Cívica a través de campañas de información sobre sus objetivos y procedimientos, profundizando en el conocimiento y observancia de los derechos y obligaciones de ciudadanos y servidores públicos en la materia.

X. Proponer al Titular del Ejecutivo Local, normas y criterios para mejorar los recursos y funcionamiento de la Justicia Cívica;

 

XI. Proponer convenios que contribuyan al mejoramiento de los servicios de los Juzgados, tanto en materia de profesionalización, como de coordinación con otras instancias públicas o privadas, de orden federal o local, en beneficio de toda persona que sea presentada ante el Juzgado;

 

XII. Establecer acuerdos de colaboración para el mejor ejercicio de las atribuciones establecidas en el presente artículo;

 

XIII. Conocer del recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 74 de esta Ley;

 

XIV. Autorizar los registros e instrumentos necesarios que llevarán los Juzgados, facultad que podrá delegar a la Dirección;

 

XV. Integrar el Registro de Infractores;

 

XVI. Establecer las equivalencias entre los arrestos y el tiempo de realización de las actividades de apoyo a la comunidad;

 

XVII. Establecer, con la Secretaría, los mecanismos necesarios para el intercambio de información respecto de las remisiones de infractores, procedimientos iniciados y concluidos, sanciones aplicadas e integración del Registro de Infractores;

 

XVIII. Contar con los peritos necesarios, en materia de tránsito terrestre, de valuación de bienes y demás que se requieran, para atender el procedimiento establecido en el Capítulo V, del Título Cuarto de esta Ley, quienes tendrán como principios rectores: la especialización, el profesionalismo y la imparcialidad;

 

XIX. Proporcionar a las Alcaldías el Registro de infractores, que hayan tenido lugar dentro de la demarcación territorial correspondiente;

 

XX. Ejercitar la facultad que le delegue la persona titular del ejecutivo local mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para crear Juzgados especializados; y

 

XXI. Las demás facultades que le confiera le Ley.

 

Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría:

 

I. La prevención de la comisión de infracciones, preservación de la seguridad ciudadana, del orden público y de la tranquilidad de las personas;

 

II. Detener y presentar ante el Juez a los probables infractores, en los términos del artículo 55 de esta Ley;

 

III. Ejecutar las órdenes de presentación que se dicten con motivo del procedimiento que establece esta Ley;

 

IV. Trasladar y custodiar a los infractores a los lugares destinados al cumplimiento de arrestos;

 

V. Supervisar y evaluar el desempeño de sus elementos en la aplicación de la presente Ley, considerando el intercambio de información con las autoridades correspondientes;

 

VI. Incluir en los programas de formación policial, la materia de Justicia Cívica;

 

VII. Proveer a sus elementos de los recursos materiales necesarios para la aplicación de la Ley;

 

VIII. Registrar las detenciones y remisiones de probables infractores realizadas por los policías;

 

IX. Auxiliar a los Jueces en el ejercicio de sus funciones;

 

X. Auxiliar a las áreas de desarrollo social en el traslado de las personas que pernocten en la vía y espacios públicos, a las instituciones públicas y privadas de asistencia social;

 

XI. Comisionar en cada uno de los turnos de los Juzgados, por lo menos a un policía; y

 

XII. Las demás facultades que le confiera la ley

 

Articulo 11.- Corresponde a la Secretaría de Salud planear, dirigir, controlar y  evaluar los servicios de medicina legal, de salud, de prevención y atención de las adicciones en apoyo a los Juzgados, en los términos establecidos en las leyes relativas a la materia.

 

Artículo 12.- A los titulares de los Órganos Político Administrativos corresponde:

 

I. Dotar de espacios físicos, de recursos materiales y financieros para la eficaz operación de los Juzgados, de acuerdo a los lineamientos que al efecto dicte la Consejería;

 

II. Conservar los Juzgados en óptimas condiciones de uso;

 

III. Promover la difusión de la Ley y la participación de los ciudadanos en el conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones;

IV. Impulsar y fomentar políticas públicas tendientes a la difusión de los valores y principios en materia de cultura cívica y de la legalidad;

 

V. Dotar de espacios físicos, de recursos materiales y financieros para la eficaz operación de los servicios de mediación comunitaria;

 

VI. Proponer a la Consejería a los servidores públicos de la Alcaldía que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 68 de la Ley, para que éstos sean canalizados al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que se formen como mediadores comunitarios;

 

VII. Enviar a la Consejería propuestas de actividades de apoyo a la comunidad;

 

VIII. Realizar acciones que motiven el respeto, mantenimiento, promoción y fomento de actividades en los espacios públicos en coordinación con la ciudadanía;

 

IX. Llevar a cabo actividades deportivas, artísticas y culturales en espacios públicos en coordinación con la ciudadanía;

 

X. Organizar conjuntamente con los Comités Ciudadanos, otros órganos de representación vecinal, organizaciones de la Sociedad Civil y/o instituciones educativas, por lo menos en forma trimestral jornadas de limpieza, mantenimiento y conservación de espacios públicos, en las que se incentive la participación ciudadana, además de talleres, exposiciones, muestras culturales, artísticas y/lo deportivas en espacios públicos; y

 

XI. Las demás facultades que le confiera la ley.

 

Artículo 13.- A la Dirección le corresponde:

 

I. La ejecución de las normas internas de funcionamiento;

 

II. En ejercicio de la facultad que en su caso le delegue la persona Titular del Ejecutivo Local, nombrar, remover y adscribir a los jueces cívicos y secretarios de juzgado cívico;

 

III. La supervisión, control y evaluación de los Juzgados;

 

IV. Conocer de la queja a que se refiere el artículo 120 de esta Ley.

 

V. Condonar las sanciones impuestas por el Juez;

 

VI. Rotar periódicamente a los jueces cívicos y secretarios de juzgado cívico, según las necesidades del servicio;

 

VII. Recibir para su guarda y destino correspondiente, los documentos y objetos que le remitan los Juzgados, y

 

VIII. Las demás funciones que le confiera la ley y otras disposiciones legales.

 

TÍTULO SEGUNDO

DE LA CULTURA CÍVICA Y DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL

CAPÍTULO I

DE LA CULTURA CÍVICA

 

Artículo 14.- Para la preservación del orden público y el desarrollo y fomento de una Cultura Cívica sustentada en principios de corresponsabilidad, justicia, diálogo, legalidad, solidaridad, honestidad, equidad, tolerancia, identidad y respeto a la dignidad de la persona humana, a las autoridades vinculadas por el presente ordenamiento les corresponde:

 

I. Fomentar la participación activa de los habitantes en la preservación del orden público, por medio del conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, y

 

II. Promover el derecho que todo habitante tiene a ser un sujeto activo en el mejoramiento de su entorno social, procurando:

 

a) El respeto y preservación de su integridad física y psicológica, cualquiera que sea su condición socioeconómica, edad o sexo;

 

b) El respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas;

 

c) El buen funcionamiento de los servicios públicos y aquellos privados de acceso público;

 

d) La conservación del medio ambiente y de la salubridad general;

 

e) El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes del dominio público; y

 

f) La protección, respeto, mantenimiento, promoción y fomento de actividades deportivas, culturales y expresiones artísticas en los espacios públicos destinados para tales fines;

 

g) En el caso de las expresiones artísticas o culturales, éstas deberán estar debidamente registradas ante la autoridad competente y tener el permiso correspondiente para el uso de la vía pública (sic)

 

Artículo 15.- La Cultura Cívica en la Ciudad de México, que garantiza la convivencia armónica de sus habitantes, se sustenta en el cumplimiento de los siguientes deberes ciudadanos:

I. Cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes, reglamentos y demás disposiciones que rigen en la Ciudad de México;

 

II. Ejercer los derechos y libertades protegidos en esta Ley y respetar los de los demás;

 

III. Brindar trato digno a las personas, respetando la diversidad que caracteriza a la comunidad;

 

IV. Prestar apoyo a los demás habitantes, especialmente a las personas victimizadas o en situación vulnerable;

 

V. Prevenir riesgos contra la integridad física de las personas;

 

VI. Permitir la libertad de acción de las personas en las vías y espacios públicos;

 

VII. Solicitar servicios de urgencias médicas, rescate o policiales, en situaciones de emergencia;

 

VIII. Llamar y/o solicitar a los servicios de emergencia únicamente cuando haya una causa que lo justifique;

 

IX. Conservar limpias las vías y espacios públicos, y participar en jornadas de limpieza y mantenimiento de los mismos;

 

X. Hacer uso adecuado de los bienes, espacios y servicios públicos conforme a su naturaleza y destino y a su vez fomentar la promoción de las diversas actividades que ahí se ofrezcan;

 

XI. Cuidar el equipamiento y mobiliario urbano, así como los bienes de interés cultural, urbanístico y arquitectónico de la ciudad;

 

XII. Contribuir a un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;

 

XIII. Proteger y preservar la flora y fauna en áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y suelo de conservación de la Ciudad de México;

 

XIV. Utilizar adecuadamente la estructura vial así como respetar la señalización vial;

 

XV. Mantener en buen estado las construcciones propias, así como reparar las averías o daños de la vivienda o lugar de trabajo que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos;

 

XVI. Prevenir que los animales domésticos causen daño o molestia a los vecinos;

XVII. Cumplir las normas de seguridad y prevención contra incendios y demás en materia de protección civil relativas a la seguridad en los espacios públicos, establecimientos comerciales, y lugares de acceso público;

 

XVIII. Contribuir a generar un ambiente libre de contaminación auditiva que altere la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud de terceros, trátese de vivienda de interés social, popular o residencial;

 

XIX. Ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad pública, ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes;

 

XX. Denunciar o dar aviso a las autoridades de la comisión de cualquier infracción a las leyes o delitos, así como de cualquier actividad o hechos que causen daño a terceros o afecten la convivencia;

 

XXI. Colaborar con las autoridades cuando éstas lo soliciten y en situaciones de emergencia;

 

XXII. Permitir a las autoridades el ejercicio de las funciones previstas en esta Ley y en su caso, colaborar con las mismas o requerir su actuación; y

 

XXIII. Participar en los asuntos de interés de su colonia, barrio y Alcaldía, principalmente en aquellos dirigidos a procurar la seguridad ciudadana así como en la solución de los problemas comunitarios.

 

Artículo 16.- En materia de Cultura Cívica, a la Administración Pública de la Ciudad de México le corresponde:

 

I. Diseñar y promover los programas necesarios para la plena promoción, difusión, conocimiento y desarrollo de la Cultura Cívica democrática, así como para el fomento de la educación cívica en la comunidad;

 

II. Promover programas permanentes para el fortalecimiento de la conciencia cívica a través de los medios de comunicación masiva así como la plena difusión de los principios y valores de la legalidad;

 

III. Promover la incorporación de contenidos cívicos y de la cultura de la legalidad en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, dando mayor atención a las conductas y a la prevención de las infracciones previstas en esta Ley, apoyándose con programas publicitarios dirigidos especialmente a los niños;

 

IV. Implementar e impulsar a través de todas las áreas de la Administración Pública local las políticas públicas, programas y líneas de acción sobre los valores y principios de la cultura cívica y el pleno conocimiento de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y servidores públicos;

 

V. Promover los valores de la cultura cívica a través de campañas de información en los medios de comunicación masiva puntualizando sus objetivos y alcances;

 

VI. Promover los métodos alternativos de solución de controversias con la intervención de mediadores comunitarios de las Alcaldías; y

 

VII. Preservar y difundir el patrimonio cultural de la Ciudad de México.

 

CAPÍTULO II

DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL

 

Artículo 17.- A la Administración Pública de la Ciudad de México le corresponde diseñar y promover programas vecinales que impliquen la participación de los habitantes en colaboración con las autoridades competentes para la preservación y conservación del orden público, los cuales tenderán a:

 

I. Procurar el acercamiento entre los Jueces y la comunidad de la circunscripción territorial que les corresponda, a fin de propiciar una mayor comprensión y participación en las funciones que desarrollan;

 

II. Establecer vínculos permanentes con los grupos organizados y los habitantes en general, para la identificación de los problemas y fenómenos sociales que los aquejan, relacionados con esta Ley;

 

III. Organizar la participación vecinal para la prevención de infracciones;

 

IV. Promover, en el ámbito de su competencia, la difusión de los valores y alcances de la cultura cívica y de la legalidad así como de campañas de información y cursos formativos entre los órganos de representación ciudadana, y

 

V. Promover el uso de la mediación comunitaria en la gestión para la solución y prevención de conflictos comunitarios (sic)

 

Artículo 18.- Los Jueces participarán activamente en los Comités de Seguridad de cada demarcación, así como en los programas de Seguridad Ciudadana que promueva la Administración Pública de la Ciudad de México, en los términos que determine la Consejería.

 

Artículo 19.- Los Jueces celebrarán reuniones periódicas con los miembros de los comités vecinales y otros órganos de representación vecinal de la circunscripción territorial que les corresponda, con el propósito de informar lo relacionado con el desempeño de sus funciones, así como para conocer y atender la problemática que específicamente aqueja a los habitantes de esa comunidad, brindando alternativas de solución en los términos de esta Ley.

 

Las reuniones se realizarán en lugares de acceso público. A las reuniones se podrá invitar a Diputados del Congreso de la Ciudad de México. De cada reunión, se elaborará una memoria que será remitida a la Consejería.

 

Artículo 20.- La Dirección integrará el cuerpo de Colaboradores Comunitarios que voluntaria y gratuitamente brinden apoyo en las funciones de supervisión de los juzgados.

 

Los colaboradores comunitarios serán acreditados por la Consejería ante las instancias correspondientes; siempre que hayan cubierto los requisitos que dicte la misma.

 

Artículo 21.- Corresponde a los Colaboradores Comunitarios realizar visitas a las diversas áreas de los Juzgados, sin entorpecer o intervenir en las funciones del personal, con el objeto de detectar necesidades e irregularidades para hacerlo del conocimiento de la Consejería y de los órganos e instancias que ésta determine.

 

Artículo 22.- Los Jueces y Secretarios otorgarán las facilidades necesarias para que los Colaboradores Comunitarios debidamente acreditados realicen sus visitas, proporcionándoles acceso a las diversas áreas así como la información que requieran, siempre que sea procedente de acuerdo a la normatividad aplicable en  materia de transparencia y acceso a la información pública.

 

Además, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables, los jueces y secretarios, reconocerán el derecho de expresión de los grupos artísticos o culturales que estén debidamente acreditados ante la autoridad competente (sic)

 

TÍTULO TERCERO

INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPÍTULO I

INFRACCIONES Y SANCIONES

 

Artículo 23.- Son infracciones contra la dignidad de la persona humana:

 

I. Vejar, intimidar o agredir de forma física o verbal a cualquier persona;

 

II. Coaccionar de cualquier manera a otra persona para realizar alguna conducta sancionada por esta ley;

 

III. Coaccionar de cualquier manera a otra persona para realizar alguna conducta que atente contra su voluntad, su libre autodeterminación o represente un trato denigrante;

 

IV Coartar o atentar con la privacidad de otra persona;

 

V. Permitir a menores de edad el acceso a lugares a los que expresamente les esté prohibido, así como promover o permitir que éstos realicen sobre vías de circulación vehicular, cualquier actividad por la que se pretenda obtener un ingreso económico;

 

VI. Propinar a una persona, en forma intencional y fuera de riña, golpes que no le causen lesión;

 

VII. Lesionar a una persona siempre y cuando las lesiones que se causen de acuerdo al dictamen médico tarden en sanar menos de quince días. En caso de que las lesiones tarden en sanar más de quince días el juez dejará a salvo los derechos del afectado para que éste los ejercite por la vía que estime procedente; y

 

VIII. Condicionar, insultar o intimidar a la mujer, que alimente a una niña o a un niño a través de la lactancia, en las vías y espacios públicos.

 

La infracción establecida en la fracción I se sancionará con multa por el equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o con arresto de 6 a 12 horas.

 

Las infracciones establecidas en las fracciones II, III, IV, V y VI se sancionarán con multa por el equivalente de 11 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o con arresto de 13 a 24 horas.

 

Las infracciones establecidas en las fracciones VII y VIII, se sancionarán con arresto de veinticinco a treinta y seis horas.

 

En caso de la fracción VII sólo procederá la conciliación cuando el probable infractor repare el daño. Las partes de común acuerdo fijarán el monto del daño.

 

Artículo 24.- Son infracciones contra la tranquilidad de las personas:

 

I. Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo. La presentación del infractor solo procederá por queja previa;

 

II. Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan hedores o la presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los vecinos;

 

III. Producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un posible riesgo a la salud de los vecinos;

 

IV. Impedir u obstruir, con cualquier objeto o de cualquier forma el uso de los bienes del dominio público de uso común;

 

V. Impedir u obstruir con cualquier objeto o de cualquier forma, el uso de entradas o salidas de inmuebles sin autorización del propietario o poseedor del mismo;

 

VI. Incitar o provocar a reñir a una o más personas;

 

VII. Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso solo procederá la presentación probable infractor cuando exista queja vecinal, y

 

VIII. Ocupar los accesos de oficinas públicas o sus inmediaciones ofreciendo la realización de trámites que en la misma se proporcionen, sin tener autorización para ello.

 

La infracción establecida en la fracción I se sancionará con multa por el equivalente de 1 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o con arresto de 12 a 24 horas.

 

Las infracciones establecidas en las fracciones II a V se sancionarán con multa por el equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o con arresto de 6 a 12 horas.

 

Las infracciones establecidas en las fracciones VI y VII se sancionarán con multa por el equivalente de 10 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o con arresto de 12 a 36 horas.

 

La infracción establecida en la fracción VIII se sancionará con arresto de 24 a 36 horas (sic)

 

Artículo 25.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana:

 

I. Permitir el propietario o poseedor de un animal que éste transite libremente, o transitar con él sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo, o no contenerlo;

 

II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello. Para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación de las ideas, de expresión artística o cultural, de asociación o de reunión pacifica;

 

III. Usar las áreas y vías públicas sin contar con la autorización que se requiera para ello;

 

IV. Apagar, sin autorización, el alumbrado público o afectar algún elemento del mismo que impida su normal funcionamiento;

 

V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias toxicas

 

VI. Portar, transportar o usar, sin precaución, objetos o sustancias que por su naturaleza sean peligrosos y sin observar, en su caso, las disposiciones aplicables;

 

VII. Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos, sin permiso de la autoridad competente;

 

VIII. Reñir con una o más personas;

 

IX. Llamar y/o solicitar al servicio telefónico de emergencias con fines ociosos que distraigan la prestación del mismo que constituyan falsas alarmas de siniestros o que puedan producir o produzcan el temor o pánico colectivos;

 

X. Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o provocar altercados en los eventos o espectáculos públicos o en sus entradas o salidas;

 

XI. Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos, con precios superiores a los autorizados;

 

XII. Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructivo semejante, para observar al interior de un inmueble ajeno;

 

XIII. Abstenerse, el propietario, de bardar un inmueble sin construcción o no darle el cuidado necesario para mantenerlo libre de plagas o maleza, que puedan ser dañinas para los colindantes;

 

XIV. Percutir armas de postas, diábolos, dardos o municiones contra personas o animales;

 

XV. Participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar competencias vehiculares de velocidad en vías públicas;

 

XVI. Organizar o participar en peleas de animales, de cualquier forma; y

 

XVII. Causar daño a un bien mueble o inmueble ajeno, en forma culposa y con motivo del tránsito de vehículos;

 

Las infracciones establecidas en las fracciones I a IV se sancionarán con multa por el equivalente de 11 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o con arresto de 12 a 36 horas.

 

Las infracciones establecidas en las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII y XIV se sancionarán con multa por el equivalente de 21 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente o con arresto de 25 a 36 horas.

 

La infracción establecida en la fracción X se sancionará con multa equivalente de 50 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización o arresto de 36 horas, y se aplicará al titular o poseedor de la línea telefónica desde la que se realice la llamada. En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa.

 

La infracción establecida en la fracción XI se sancionará con arresto de 25 a 36 horas.

 

Las infracciones establecidas en las fracciones XV y XVI se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas y lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales vigente.

 

Sin perjuicio de la obligación de reparar el daño causado que determine la autoridad civil competente, quien resulte responsable de la conducta prevista en la fracción XVII será sancionado con arresto de hasta 36 horas o:

 

a) Multa por el equivalente de 50 a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando el monto del daño causado no exceda de diez mil pesos;

 

b) Multa por el equivalente de 181 a 365 veces la Unidad Medida y Actualización vigente, cuando el monto del daño causado exceda de diez mil pesos pero no de veinte mil pesos;

 

c) Multa por el equivalente de 366 a 725 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando el monto del daño causado exceda de veinte mil pesos pero no de cuarenta mil pesos;

 

d) Multa por el equivalente de 726 a 1275 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando el monto del daño causado exceda de cuarenta mil pesos pero no de setenta mil pesos;

 

e) Multa por el equivalente de 1276 a 2185 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando el monto del daño causado exceda de setenta mil pesos pero no de ciento veinte mil pesos;

 

f) Multa por el equivalente de 2186 a 3275 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, cuando el monto del daño causado exceda de ciento veinte mil pesos pero no de ciento ochenta mil pesos; o

 

g) Multa por el equivalente de 3276 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, y hasta por el monto total del valor comercial del vehículo, cuando el monto del daño causado exceda de ciento ochenta mil pesos.

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

 

Sólo se conmutará el arresto, si además de los requisitos que señala la Ley, el conductor responsable acredita su domicilio, señala domicilio en la Ciudad de México para oír y recibir notificaciones y menciona, en su caso, el domicilio del propietario del vehículo.

 

Artículo 26.- Son infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad de México:

 

I. Abstenerse de recoger, de vías o lugares públicos, las heces fecales de un animal de su propiedad o bajo su custodia, así como tirar o abandonar dichos desechos fuera de los contenedores;

 

II. Orinar o defecar en los lugares a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley;

 

III. Arrojar, tirar o abandonar en la vía pública animales muertos, desechos, objetos o sustancias;

 

IV. Tirar basura en lugares no autorizados;

 

V. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o de los particulares, sin autorización expresa de éstos, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato u otros bienes semejantes. El daño a que se refiere esta fracción será competencia del juez hasta el valor de veinte veces la Unidad de Medida y Actualización vigente;

 

VI. Cambiar, de cualquier forma, el uso o destino de áreas o vía pública, sin la autorización correspondiente;

 

VII. Abandonar muebles en áreas o vías públicas;

 

VIII. Desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban tener acceso a ella en tuberías, tanques o tinacos almacenadores, así como utilizar indebidamente los hidrantes públicos, obstruirlos o impedir su uso;

 

IX. Colocar en la acera o en el arroyo vehicular, enseres o cualquier elemento propio de un establecimiento mercantil, sin la autorización correspondiente;

 

X. Arrojar en la vía pública desechos, sustancias peligrosas para la salud de las personas o que despidan olores desagradables;

XI. Ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos;

 

XII. Cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, señales, números o letras que identifiquen vías, inmuebles y lugares públicos;

 

XIII. Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en elementos del equipamiento urbano, del mobiliario urbano, de ornato o árboles, sin autorización para ello;

 

XIV. Colocar transitoriamente o fijar, sin autorización para ello, elementos destinados a la venta de productos o prestación de servicios, y

 

XV. Obstruir o permitir la obstrucción de la vía pública, con motivo de la instalación, modificación, cambio, o mantenimiento de los elementos constitutivos de un anuncio y no exhibir la documentación correspondiente que autorice a realizar dichos trabajos.

 

Las infracciones establecidas en las fracciones I a VII se sancionarán con multa por el equivalente de 11 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y con arresto de 13 a 24 horas.

 

La fracción VIII, se sancionará con multa por el equivalente de 21 a 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y con arresto de 25 a 36 horas.

 

Las infracciones establecidas en las fracciones IX a XIV se sancionarán con multa por el equivalente de 21 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y con arresto de 25 a 36 horas.

 

La infracción establecida en la fracción XV se sancionará con arresto de 24 a 36 horas.

 

Artículo 27.- En las infracciones establecidas en las fracciones V, VI, XII y XIII del artículo 26 de esta Ley, el Juez considerará al imponer la sanción, la reparación de los daños causados por el infractor como mínimo, así como alguna otra actividad de apoyo a la comunidad prevista en esta Ley, conmutando de esa forma el arresto, sin menoscabo de la imposición de la multa que corresponda (sic)

 

Artículo 28.- Cuando una infracción se ejecute con la participación de dos o más personas, a cada una se le impondrá la sanción máxima que para esa infracción señala esta Ley.

 

Cuando la persona molestada u ofendida sea menor de edad, mujer lactante, persona adulta mayor, persona con discapacidad o personas pertenecientes a las poblaciones callejeras, se aumentará la sanción hasta en una mitad, sin exceder el máximo constitucional y legal establecido para el caso de la multa.

Artículo 29.- Cuando con una sola conducta se comentan varias infracciones, el Juez impondrá la sanción máxima aplicable, pudiendo aumentarse hasta en una mitad más sin que pueda exceder de 36 horas.

 

Cuando con diversas conductas se cometan varias infracciones, el Juez impondrá la sanción de la que merezca la mayor, pudiendo aumentarse con las sanciones que esta Ley señala para cada una de las infracciones restantes, siempre que tal acumulación no exceda el máximo establecido para el arresto.

 

Artículo 30.- Cuando las conductas sancionadas por esta Ley sean cometidas en cumplimiento de órdenes emitidas por aquellos de quienes se tenga dependencia laboral o económica, el Juez impondrá la sanción correspondiente al infractor y girará el citatorio respectivo a quien hubiese emitido la orden. Tratándose de personas morales, se requerirá la presencia del representante legal y en este caso sólo podrá imponerse como sanción la multa.

 

Artículo 31.- En todos los casos y para efectos de la individualización de la sanción, el Juez considerará como agravante el estado de ebriedad del infractor o su intoxicación por el consumo de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias toxicas al momento de la comisión de la infracción; pudiéndose aumentar la sanción hasta en una mitad sin exceder el máximo establecido para el caso del arresto.

 

Artículo 32.- Se entiende por reincidencia la comisión de infracciones contenidas en la presente ley por dos o más veces, en un periodo que no exceda de seis meses. En este caso, el infractor no podrá gozar del beneficio de conmutar el arresto por multa o extinción alternativa de la sanción por conciliación o actividades de apoyo a la comunidad.

 

Para la determinación de la reincidencia, el Juez deberá consultar el Registro de Infractores.

 

CAPÍTULO II

DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD

 

Artículo 33.- Cuando el infractor acredite de manera fehaciente su identidad y domicilio dentro del territorio de la Ciudad de México, podrá solicitar al Juez le sea permitido realizar actividades de apoyo a la comunidad a efecto de no cubrir el arresto que se le hubiese impuesto.

 

Las actividades de apoyo a la comunidad se desarrollarán por un lapso equivalente a las horas de arresto que correspondan a la infracción que se hubiera cometido y podrán cumplirse en una o hasta en siete sesiones. En ningún caso podrán realizarse dentro de la jornada laboral del infractor.

 

Artículo 34.- El Juez, valorando las circunstancias personales del infractor, podrá acordar la suspensión de la sanción impuesta y señalar los días, horas y lugares en que se llevarán a cabo las actividades de apoyo a la comunidad y, sólo hasta la ejecución de las mismas cancelará la sanción de que se trate.

 

La Administración Pública de la Ciudad de México y las Alcaldías enviarán a la Consejería propuestas de actividades de apoyo a la comunidad para que sean cumplidas por los infractores, siguiendo los lineamientos y equivalencias de tiempo que ella misma determine.

 

En todos los casos, salvo en los que opere la conciliación, el Juez hará del conocimiento del infractor la prorrogativa a que se refiere este artículo.

 

Artículo 35.- Para los efectos de esta ley, se entiende por actividades de apoyo a la comunidad la prestación de servicios voluntarios y honoríficos de orientación, limpieza, conservación, restauración u ornato, en lugares localizados en la circunscripción territorial en que se hubiere cometido la infracción.

 

Artículo 36.- Son actividades de apoyo a la comunidad:

 

I. Limpieza, pintura o restauración de centros públicos educativo, de salud o de servicios;

 

II. Limpieza, pintura o restauración de los bienes dañados por el infractor o semejantes a los mismos;

 

III. Realización de obras de ornato en lugares de uso común;

 

IV. Realización de obras de balizamiento, limpia o reforestación en lugares de uso común,

 

V. Impartición de pláticas a vecinos o educandos de la comunidad en que hubiera cometido la infracción, relacionadas con la convivencia ciudadana o realización de actividades relacionadas con la profesión, oficio u ocupación del infractor;

 

VI. Participar en talleres, exposiciones, muestras culturales, artísticas y/o deportivas en espacios públicos que organice la Alcaldía en donde se haya cometido la infracción; y

 

VII. Las demás que determine la Consejería o la Dirección.

 

Artículo 37.- Las actividades de apoyo a la comunidad se llevarán a cabo bajo la supervisión de personal de la Consejería para el caso de las actividades que se desarrollen en las áreas centrales, y de la Alcaldía en caso de que las actividades se realicen en la misma, atendiendo a los lineamientos que determine la Consejería.

 

Los titulares de las áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México y los titulares de las Alcaldías proporcionarán los elementos necesarios para la ejecución de las actividades de apoyo a la comunidad y mensualmente harán del conocimiento de la Consejería los lugares, horarios y actividades que podrán realizarse en términos de este capítulo.

 

Artículo 38.- En el supuesto de que el infractor no realice las actividades de apoyo a la comunidad, el Juez emitirá la orden de presentación a efecto de que la sanción impuesta sea ejecutada de inmediato.

 

TÍTULO CUARTO

PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES

 

Artículo 39.- Los procedimientos que se realicen ante los Juzgados, se iniciarán con la presentación del probable infractor por el elemento de policía, quien podrá actuar en caso de flagrancia, por la queja de particulares por la probable comisión de infracciones, por la remisión o solicitud de otras autoridades que pongan en conocimiento al Juez Cívico hechos presuntamente considerados infracciones a esta Ley y demás ordenamientos aplicables, en caso de ser competente, así lo acordará y continuará con el procedimiento.

 

Artículo 40.- El Código Nacional de Procedimiento Penales será de aplicación supletoria a las disposiciones de este título.

 

Cuando en los procedimientos que establece esta Ley obren pruebas obtenidas por la Secretaría con equipos y sistemas tecnológicos, las mismas se apreciarán y valorarán en términos de la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

 

Artículo 41.- El procedimiento será oral y público y se sustanciará en una sola audiencia.

 

Las actuaciones deberán constar por escrito y permanecerán en el local del Juzgado hasta que la Consejería determine su envío al archivo general para su resguardo (sic)

 

Artículo 42.- Cuando el probable infractor no hable español, o se trate de un sordomudo, y no cuente con traductor o intérprete, se le proporcionará uno, sin cuya presencia el procedimiento administrativo no podrá dar inicio.

 

Artículo 43.- En caso de que el probable infractor sea adolescente, el Juez citará a quien detente la custodia o tutela, legal o de hecho, en cuya presencia se desarrollará la audiencia y se dictará la resolución.

 

En tanto acude quien custodia o tutela al adolescente, éste deberá permanecer en la oficina del Juzgado, en la sección de adolescentes. Si por cualquier causa no asistiera el responsable del adolescente en un plazo de dos horas, se otorgará una prórroga de cinco horas. Si al término de la prórroga no asistiera el responsable, el Juez le nombrará un representante de la Administración Pública de la Ciudad de México para que lo asista y defienda, que podrá ser un Defensor de Oficio, después de lo cual determinará su responsabilidad.

 

En caso de que el adolescente resulte responsable, el Juez lo amonestará y le hará saber las consecuencias jurídicas y sociales de su conducta.

 

Cuando se determine la responsabilidad de un adolescente en la comisión de alguna de las infracciones previstas en este ordenamiento, en ningún caso se le impondrá como sanción el arresto.

 

Si a consideración del Juez el adolescente se encontrara en situación de riesgo, lo enviará a las autoridades competentes a efecto de que reciba la atención correspondiente.

 

Artículo 44.- Si después de iniciada la audiencia, el probable infractor acepta la responsabilidad en la comisión de la infracción imputada tal y como se le atribuye, el Juez dictará de inmediato su resolución e impondrá la menor de las sanciones para la infracción de que se trate, excepto en los casos previstos en los artículos 28, 29, 31 y 32. Si el probable infractor no acepta los cargos, se continuará el procedimiento.

 

Artículo 45.- Cuando el infractor opte por cumplir la sanción mediante un arresto, el Juez dará intervención al médico para que determine su estado físico y mental antes de que ingrese al área de seguridad.

 

Artículo 46.- El Juez determinará la sanción aplicable en cada caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las consecuencias individuales y sociales de la infracción, las condiciones en que ésta se hubiere cometido y las circunstancias personales del infractor, pudiendo solicitar a la Dirección la condonación de la sanción, en los casos en que las especiales circunstancias físicas, psicológicas, económicas y, en general, personales del infractor lo ameriten, de acuerdo a su consideración y a petición expresa del mismo o de persona de su confianza, observando los lineamientos que para tales efectos dicte la Consejería.

 

Artículo 47.- Si el infractor fuese jornalero, obrero, o trabajador no asalariado no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso. Tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, la multa máxima será el equivalente a una vez la Unidad de Medida y Actualización vigente. Los medios para la acreditación de estas condiciones deberán ser indubitables.

 

Artículo 48.- Al resolver la imposición de una sanción, el Juez apercibirá al infractor para que no reincida, haciéndole saber las consecuencias sociales y jurídicas de su conducta.

 

Articulo 49.- El Juez notificará de manera personal e inmediata, la resolución al presunto infractor y al quejoso, si estuviera presente.

 

Artículo 50.- Si el probable infractor resulta no ser responsable de la infracción imputada, el Juez resolverá en ese sentido y le autorizará que se retire.

 

Si resulta responsable, al notificarle la resolución, el Juez le informará que podrá elegir entre cubrir la multa o cumplir el arresto que le corresponda; si sólo estuviere en posibilidad de pagar parte de la multa, se le recibirá el pago parcial y el Juez le permutará la diferencia por un arresto, en la proporción o porcentaje que corresponda a la parte no cubierta, subsistiendo esta posibilidad durante el tiempo de arresto del infractor.

 

En concordancia con lo señalado en el párrafo anterior, en caso de que el responsable de la infracción haya sido trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México y si el infractor solicita ahí cubrir parte de la multa impuesta, el Director del Centro Podrá recibir el pago del porcentaje o proporción de la multa que en relación con las horas de sanción impuesta deba cubrir.

 

Artículo 51.- En los casos en que el infractor opte por cumplir el arresto correspondiente, tendrá derecho a cumplirlo en las condiciones necesarias de subsistencia.

 

Durante el tiempo de cumplimiento del arresto, el infractor podrá ser visitado por sus familiares o por persona de su confianza; así como de representantes de asociaciones u organismos públicos o privados, cuyos objetivos sean de trabajo social y cívico, acreditados ante la Consejería para estos efectos.

 

Artículo 52.- Para conservar el orden en el Juzgado, el Juez podrá imponer las siguientes correcciones disciplinarias:

 

I. Amonestación;

 

II. Multa por el equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; tratándose de jornaleros, obreros, trabajadores no asalariados, personas desempleadas o sin ingresos, se estará a lo dispuesto por el artículo 47 de esta Ley, y

 

III. Arresto hasta por 12 horas.

 

Artículo 53.- Los Jueces a fin de hacer cumplir sus órdenes y resoluciones, podrán hacer uso de los siguientes medios de apremio:

 

I. Multa por el equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente; tratándose de jornaleros, obreros, trabajadores no asalariados, personas desempleadas o sin ingresos, se estará a lo dispuesto por el artículo 47 de esta Ley, y

 

II. Arresto hasta por 12 horas, y

 

III. Auxilio de la fuerza pública.

 

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO POR PRESENTACION DEL PROBABLE INFRACTOR

 

Artículo 54.- La acción para el inicio del procedimiento es pública y su ejercicio corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México por conducto de los policías, los cuales serán parte en el mismo.

 

Artículo 55.- El policía en servicio detendrá y presentará al probable infractor inmediatamente ante el Juez, en los siguientes casos.

 

I. Cuando presencien la comisión de la infracción, y

 

II. Cuando sean informados de la comisión de una infracción inmediatamente después de que hubiese sido realizada o se encuentre en su poder el objeto o instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación en la infracción.

 

En el caso de la fracción XVII del artículo 25 de la Ley, si las partes involucradas no se ponen de acuerdo en la forma de la reparación del daño, el policía remitirá el o los vehículos involucrados al depósito y notificará de los hechos al Juez.

 

Cuando las partes lleguen a un acuerdo sobre la reparación de los daños antes del inicio del procedimiento, el Juez liberará los vehículos dejando constancia de la voluntad de las partes.

 

El policía que se abstenga de cumplir con lo dispuesto en este artículo, será sancionado por los órganos competentes de la Secretaría, en términos de las disposiciones aplicables.

 

Artículo 56.- La detención y presentación del probable infractor ante el Juez, constará en una boleta de remisión, la cual contendrá por lo menos los siguientes datos:

 

I. Nombre, edad y domicilio del probable infractor, así como los datos de los documentos con que los acredite;

 

II. Una relación de los hechos que motivaron la detención, describiendo las circunstancias de tiempo, modo, lugar así como cualquier dato que pudiera contribuir para los fines del procedimiento;

III. Nombre, domicilio del ofendido o de la persona que hubiere informado de la comisión de la infracción si fuere el caso y datos del documento con que los acredite. Si la detención es por queja, deberán constar las circunstancias de comisión de la infracción y en tal caso no será necesario que el quejoso acuda al Juzgado;

 

IV. En su caso, la lista de objetos recogidos que tuvieren relación con la probable infracción;

 

V. Nombre, número de placa o jerarquía, unidad de adscripción y firma del policía que hace la presentación, así como en su caso número de vehículo, y

 

VI. Número del juzgado al que se hará la presentación del probable infractor, domicilio y número telefónico.

 

El policía proporcionará al quejoso, cuando lo hubiere, una copia de la boleta de remisión e informará inmediatamente a su superior jerárquico de la detención del probable infractor.

 

Artículo 57.- El Juez llevará a cabo las siguientes actuaciones:

 

I. Dará lectura a la boleta de remisión o en su caso a la queja y si lo considera necesario, solicitará la declaración del policía. Tratándose de la conducta prevista en la fracción XVII del artículo 25 de la Ley, la declaración del policía será obligatoria. El Juez omitirá mencionar el domicilio del quejoso;

 

II. Otorgará el uso de la palabra al probable infractor, para que formule las manifestaciones que estime convenientes y ofrezca en su descargo, las pruebas de que disponga. Se admitirán como pruebas las testimoniales y las demás que a juicio del Juez sean idóneas en atención a las conductas imputadas;

 

III. Acordará la admisión de las pruebas y las desahogará de inmediato. En el caso de que el probable infractor no presente las pruebas ofrecidas, las mismas serán desechadas en el mismo acto;

 

IV. Resolverá sobre la responsabilidad del presunto infractor. En caso de que le encuentre responsable, se le informará el derecho que tiene a conmutar la sanción de arresto por pago de la multa proporcional o por actividades de apoyo a la comunidad.

 

En el caso de que el infractor opte por cumplir el arresto establecido, y a criterio del Juez sea remitido al Centro de Sanciones Administrativas, el infractor también podrá realizar el pago proporcional de la multa establecida ante dicho Centro.

 

Los procedimientos serán desahogados y resueltos de inmediato por el Juez que los hubiere iniciado.

Cuando se actualice la conducta prevista en la fracción XVII del artículo 25 de la Ley y después de concluido el procedimiento establecido en este cuerpo normativo, el Juez ordenará la devolución del vehículo conducido por quien resulte responsable de los daños causados, únicamente cuando se firme el convenio respectivo o quede suficientemente garantizada su reparación; y en caso contrario, pondrá a disposición del Juez de Cuantía Menor el vehículo conjuntamente con la demanda que al efecto firme el agraviado.

 

Artículo 58.- El Juez hará del conocimiento del Servicio Público de Localización Telefónica de la Ciudad de México lo siguiente:

 

I. Datos del presentado que consten en la boleta de remisión,

 

II. Lugar en que hubiere sido detenido;

 

III. Nombre y número de placa del policía que haya realizado la presentación;

 

IV. Sanción que se hubiera impuesto, y

 

V. En su caso, el lugar de ejecución del arresto inmediatamente después de su determinación.

 

Respecto de aquellos para los que se hubiera determinado tiempo de recuperación para el inicio del procedimiento o que por otras circunstancias no se hubiera iniciado el mismo, se proporcionará la información a que se refieren las fracciones I a III de este artículo.

 

Artículo 59.- En tanto se inicia la audiencia, el Juez ordenará que el probable infractor sea ubicado en la sección correspondiente, excepción hecha de las personas mayores de 65 años, las que deberán permanecer en la sala de audiencias.

 

Artículo 60.- Cuando el probable infractor se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas, el Juez ordenará al médico que previó examen que practique, dictamine su estado y señale el plazo probable de recuperación, que será la base para fijar el inicio del procedimiento. En tanto se recupera será ubicado en la sección que corresponda.

 

Artículo 61.- Tratándose de probables infractores que por su estado físico o mental denoten peligrosidad o intención de evadirse del Juzgado, se les retendrá en el área de seguridad hasta que se inicie la audiencia.

 

Artículo 62.- Cuando el probable infractor padezca alguna enfermedad o discapacidad mental, a consideración del médico, el Juez suspenderá el procedimiento y citará a las personas obligadas a la custodia del enfermo o persona con discapacidad mental y a falta de éstos, lo remitirá a las autoridades de salud o instituciones de asistencia social competentes de la Ciudad de México que deban intervenir, a fin de que se le proporcione la ayuda o asistencia que requiera.

 

Artículo 63.- Cuando comparezca el probable infractor ante el Juez, éste o el Secretario le informará del derecho que tiene a comunicarse con persona de su confianza para que le asista y defienda.

 

Artículo 64.- Si el probable infractor solicita comunicarse con persona que le asista y defienda, el Juez suspenderá el procedimiento, dándole dentro del juzgado las facilidades necesarias, y le concederá un plazo que no excederá de dos horas para que se presente el defensor o persona que le asista. Si éste no se presenta el Juez le nombrará un defensor de oficio o, a solicitud del probable infractor, éste podrá defenderse por sí mismo, salvo que se trate de menores o incapaces.

 

CAPÍTULO III

MEDIACIÓN COMUNITARIA

 

Artículo 65.- La mediación comunitaria es un mecanismo no jurisdiccional y voluntario, complementario a la justicia cívica, para gestionar la solución o prevención de conflictos o controversias entre personas, que surgen o pueden suscitarse en una comunidad que comparte valores, intereses o espacios que crean pertenencia, tales como colonias, barrios, unidades habitacionales, unidades o instalaciones deportivas, parques, jardines, mercados públicos y vía pública, entre otros, en el que un tercero imparcial denominado mediador comunitario, les asistirá en el proceso de encontrar soluciones aceptables para todos, y beneficios para la comunidad. El Juez podrá dar intervención al mediador comunitario o por decisión voluntaria de las partes.

 

Artículo 66.- La mediación comunitaria será aplicable en la gestión y prevención de las controversias que surjan o puedan surgir, en los siguientes supuestos:

 

I. Por la infracción contenida en el artículo 50 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal;

 

II. Cuando se actualice la conducta prevista en el artículo 24 fracción VII de ésta Ley, el Juez podrá dar intervención a un mediador comunitario en el caso de que las personas involucradas decidan participar en el procedimiento de mediación;

 

III. Para prevenir conflictos que puedan surgir en una comunidad por la definición de obras;

 

IV. En apoyo a las instituciones escolares y para combatir el maltrato escolar;

 

V. En apoyo a personas en situación de descuido;

 

VI. Entre las personas en situación de calle, y

VII. Cuando se actualicen las conductas previstas en la fracción XVII del artículo 25 de esta Ley, el Juez podrá dar intervención a un mediador comunitario en el caso de que las personas involucradas decidan participar en el procedimiento de mediación.

 

Artículo 67.- La mediación comunitaria se regirá por los principios y etapas de la mediación a que se refiere la normatividad aplicable en materia de Justicia Alternativa.

 

Artículo 68.- Para ser mediador comunitario se deben reunir los siguientes requisitos:

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener cuando menos veinticinco años de edad al día de su designación;

 

II. Contar con licenciatura en derecho o pasante en derecho;

 

III. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional ni suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público, y

 

IV. Concursar y aprobar el proceso de selección correspondiente, sometiéndose a los exámenes y cursos de capacitación y entrenamiento específicos para la prestación de la mediación comunitaria.

 

El cargo de mediador es de confianza y será designado y ratificado cada tres años por la Alcaldía, previa aprobación de un examen de competencias laborales. La Consejería expedirá los lineamientos para la designación y ratificación de los mediadores comunitarios.

 

El mediador comunitario a que se refiere este apartado, se dedicará a esa función de forma exclusiva por lo que la Alcaldía evitará que atienda cualquier otra función, ajena al servicio de mediación comunitaria.

 

Artículo 69.- En caso de que las partes no acepten someterse a la mediación comunitaria luego de realizada la sesión informativa previa, en la que las personas interesadas son orientadas sobre las ventajas, principios y características de la mediación, es obligación del mediador comunitario, sugerir las alternativas pertinentes.

 

Asimismo, apoyará a las autoridades de la Alcaldía en las negociaciones que se realicen con los vecinos y a las autoridades escolares en la atención de controversias que se susciten en las comunidades escolares, planteando alternativas de solución.

 

Artículo 70.- El procedimiento de mediación comunitaria se desahogará en un máximo de tres días. En el caso de no arribar a una solución y deseen las partes acudir con el Juez Cívico, el mediador las canalizará con el Juez Cívico a efecto de iniciar el procedimiento que corresponda.

 

El Juez determinará lo conducente.

 

Artículo 71.- Los acuerdos a los que lleguen los mediados adoptarán la forma de convenio de mediación comunitaria por escrito y deberán contener las formalidades y requisitos que establece la normatividad en materia de Justicia alternativa.

 

El convenio de mediación comunitaria se someterá a la consideración del Juez, quien en su caso, lo elevará a resolución administrativa y tratándose de los supuestos previstos en la fracción XVII del artículo 25 de esta Ley, el convenio respectivo deberá suscribirse en términos del artículo92 de este ordenamiento, para que surta los efectos señalados.

 

Los convenios derivados del procedimiento de mediación comunitaria, que se ajusten a lo establecido en la normatividad de justicia alternativa, únicamente por lo que hace al de daño a particulares, serán ejecutables a través de la vía de apremio.

 

Los convenios derivados de mediaciones comunitarias en ámbitos de competencia de la Secretaría de Desarrollo Social, la Procuraduría Social y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, se sujetarán a lo previsto por las disposiciones aplicables que correspondan.

 

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTO POR QUEJA

 

Artículo 72.- Los particulares podrán presentar quejas orales o por escrito ante el  Juez, por hechos constitutivos de probables infracciones. El Juez considerará los elementos contenidos en la queja y si lo estima procedente, girará citatorio al quejoso y al presunto infractor.

 

En todos los casos la queja deberá contener nombre y domicilio de las partes, relación de los hechos motivo de la queja y firma del quejoso; asimismo cuando el quejoso lo considere relevante podrá presentar fotografías o videograbaciones relacionadas a la probable infracción, las cuales calificará el Juez y tendrán valor probatorio.

 

Artículo 73.- El derecho a formular la queja prescribe en quince días naturales, contados a partir de la comisión de la probable infracción. La prescripción se interrumpirá por la formulación de la queja.

 

Artículo 74.- En caso de que el Juez considere que la queja no contiene elementos suficientes que denoten la posible comisión de una infracción, acordará de inmediato, fundando y motivando la improcedencia; debiendo notificar al quejoso en ese mismo acto. Si no fuere posible en ese momento, dejará constancia del motivo y tendrá un término de tres días para hacerlo.

 

La resolución a la que se refiere el párrafo anterior, podrá ser revisada a petición del quejoso, para efectos de su confirmación o revocación por la Consejería, a través del recurso de inconformidad que se hará valer dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación. La Consejería resolverá de plano en un término igual notificando su resolución al quejoso y al Juez para su cumplimiento.

 

Artículo 75.- El citatorio será notificado por quien determine el Juez, acompañado por un policía y deberá contener, cuando menos, los siguientes elementos:

 

I. Escudo de la Ciudad y folio;

 

II. La Alcaldía y el número del Juzgado que corresponda, el domicilio y el teléfono del mismo;

 

III. Nombre, edad y domicilio del probable infractor;

 

IV. Una relación de los hechos de comisión de la probable infracción, que comprenda todas y cada una de las circunstancias de tiempo, modo, lugar, así como cualquier dato que pudiera contribuir para los fines del procedimiento;

 

V. Nombre y domicilio del quejoso;

 

VI. Fecha y hora de la celebración de la audiencia;

 

VII. Nombre, cargo y firma de quien notifique, y

 

VIII. El contenido del artículo 76 y el último párrafo del artículo 84 de esta Ley.

 

El notificador recabará el nombre y firma de la persona que reciba el citatorio o la razón correspondiente.

 

Si el probable infractor fuese menor de edad, la citación se hará a él mismo, por medio de quien ejerza la patria potestad, la custodia o la tutoría de derecho o de hecho.

 

Artículo 76.- En caso de que el quejoso no se presentare, se desechará su queja, y si el que no se presentare fuera el probable infractor, el Juez librará orden de presentación en su contra, turnándola de inmediato al jefe de la unidad sectorial de la Secretaría que corresponda al domicilio del probable infractor, misma que será ejecutada bajo su más estricta responsabilidad, sin exceder de un plazo de 48 horas.

 

Artículo 77.- Los policías que ejecutan las órdenes de presentación, deberán hacerlo sin demora alguna, haciendo comparecer ante el Juez a los probables infractores a la brevedad posible, observando los principios de actuación a que están obligados.

 

Artículo 78.- Al iniciar el procedimiento, el Juez verificará que las personas citadas se encuentren presentes; si lo considera necesario dará intervención al médico, quien determinará el estado físico y en su caso, mental de aquéllas.

 

Asimismo, el Juez verificará que las personas ausentes hayan sido citadas legalmente.

 

En caso de que haya más de un quejoso, deberán nombrar un representante común para efectos de la intervención en el procedimiento.

 

En caso de que haya más de un quejoso, deberán nombrar un representante común para efectos de la intervención en el procedimiento.

 

Artículo 79.- El Juez celebrará en presencia del quejoso y del probable infractor la audiencia de conciliación en la que procurará su avenimiento; de llegarse a éste, se hará constar por escrito el convenio entre las partes.

 

En todo momento, a solicitud de las partes o a consideración del juez, la audiencia se suspenderá por única ocasión; señalándose día y hora para su continuación, que no excederá de los quince días naturales siguientes, debiendo continuarla el juez que determinó la suspensión.

 

Artículo 80.- El convenio de conciliación puede tener por objeto:

 

I. La reparación del daño, y

 

II. No reincidir en conductas que den motivo a un nuevo procedimiento.

 

En el convenio se establecerá el término para el cumplimiento de lo señalado en la fracción l, así como para los demás acuerdos que asuman las partes.

 

Cuando el daño se cause con motivo de lo previsto en la fracción XVII del artículo 25 de la Ley, el convenio se elaborará con base en el valor del daño que se establezca en el dictamen en materia de tránsito terrestre emitido por los peritos adscritos a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, respetando el principio de autonomía de voluntad de las partes, pero sin que el monto a negociar pueda exceder o sea inferior a un veinte por ciento del valor del daño dictaminado.

 

Artículo 81.- El Juez podrá remitir a las partes con un mediador comunitario para que intenten solucionar el conflicto que les afecte y en el supuesto de que se alcance un convenio de mediación, lo calificará y en su caso, lo elevará a resolución administrativa.

 

Artículo 82.- Cuando se produzca incumplimiento de un convenio de mediación comunitaria por dificultades de interpretación del convenio o por causas supervenientes, el Juez remitirá a las personas involucradas con un mediador comunitario para que se desahogue una re-mediación, conforme a lo previsto en el artículo 3 fracción XXVI de la Ley.

 

Artículo 83.- A quien incumpla el convenio de conciliación o el de mediación o remediación cuando el Juez haya remitido a las partes a ese procedimiento, se le impondrá un arresto de 6 a 24 horas o una multa de 1 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

 

A partir del incumplimiento del convenio, el afectado tendrá 15 días para solicitar que se haga efectivo el apercibimiento.

 

Transcurridos seis meses a partir de la firma del convenio, sólo se procederá por nueva queja que se presentare.

 

Artículo 84.- En el caso de que las partes manifestaran su voluntad de no conciliar, se dará por concluida la audiencia de conciliación y se iniciará la audiencia sobre la responsabilidad del citado, en la cual el Juez, en presencia del quejoso y del probable infractor, llevará a cabo las siguientes actuaciones:

 

I. Dará lectura a la queja, el cual podrá ser ampliado por el denunciante;

 

II. Otorgará el uso de la palabra al quejoso para que ofrezca las pruebas respectivas;

 

III. Otorgará el uso de la palabra el probable infractor, para que formule las manifestaciones que estime convenientes y ofrezca pruebas en su descargo;

 

IV. Acordará la admisión de las pruebas y las desahogará de inmediato, y

 

V. Resolverá sobre la conducta imputada, considerando todos los elementos que consten en el expediente y resolverá sobre la responsabilidad del probable infractor.

 

Se admitirán como pruebas las testimoniales, las fotografías, las videograbaciones y las demás que a juicio del Juez, sean idóneas en atención a las conductas imputadas por el quejoso. Tratándose de daños causados con motivo del tránsito de vehículos, el Juez deberá ordenar en todos los casos la intervención de los peritos en materia de tránsito terrestre, autorizados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

 

Para el caso de las fotografías y videograbaciones, quienes las presenten deberán proporcionar al Juez los medios para su reproducción al momento del desahogo de la prueba, en caso contrario estas serán desechadas.

 

En el caso de que el quejoso o el probable infractor no presentaren en la audiencia las pruebas ofrecidas, serán desechadas en el mismo acto. Cuando la presentación de las pruebas ofrecidas dependiera del acto de alguna autoridad, el Juez suspenderá la audiencia y señalará día y hora para la presentación y desahogo de las mismas.

 

Artículo 85.- En el supuesto de que se libre orden de presentación al presunto infractor y el día de la presentación no estuviere presente el quejoso, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 57 de esta Ley y si se encuentra el quejoso, se llevará cabo el procedimiento por queja.

 

Articulo 86.- Cuando a consecuencia de un conflicto familiar o conyugal se cometa alguna o algunas infracciones cívicas, y el ofendido las haga del conocimiento del Juez, éste iniciará el procedimiento correspondiente, dejando a salvo los derechos que a cada uno correspondan.

 

El Juez canalizará mediante oficio, a los involucrados a las instituciones públicas especializadas.

 

CAPÍTULO V

PROCEDIMIENTO EN CASOS DE DAÑO CULPOSO

CAUSADO CON MOTIVO DEL TRÁNSITO

DE VEHÍCULOS

 

Artículo 87.- Cuando se actualicen las conductas previstas en la fracción XVII del artículo 25 de esta Ley, y las personas involucradas se encuentren ante la presencia del Juez, éste hará de su conocimiento, dejando constancia escrita de ello, los beneficios de utilizar el procedimiento de mediación para conciliar sus intereses; la sanción que puede ser impuesta al responsable de los daños en caso de no llegar a un arreglo; la situación de los vehículos implicados; las actuaciones, alcances y efectos del procedimiento de conciliación; así como los derechos y acciones que en su caso, pueden ejercer ante la autoridad judicial.

 

Asimismo hará del conocimiento de las personas involucradas de la posibilidad de otorgar fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que surjan con motivo del daño culposo causado con motivo del tránsito de vehículos, para poder disponer de su vehículo.

 

Artículo 88.- El Juez Cívico tomará la declaración de los conductores involucrados y en su caso, de los testigos de los hechos, en los formatos que para el efecto se expidan, e inmediatamente después dará intervención, dejando constancia escrita de ello, a los peritos en tránsito terrestre de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Así como admitirá y desahogará como pruebas las demás que, a su juicio, sean idóneas en atención a las conductas imputadas por el quejoso.

 

Cuando alguno de los conductores se niegue a rendir su declaración, se dará preponderancia, para la emisión del dictamen de tránsito terrestre, valoración de las probanzas y emisión de la resolución correspondiente, a las declaraciones rendidas por los demás conductores y testigos de los hechos. Los peritos en tránsito terrestre, en todos los casos, deberán rendir el dictamen correspondiente.

 

Artículo 89.- Los peritos rendirán su dictamen ante el Juez, en un plazo que no excederá de cuatro horas contadas a partir de que se solicite su intervención.

 

Cuando el número de vehículos implicados sea superior a cuatro, el juez podrá ampliar el plazo para la entrega del dictamen hasta por dos horas.

 

Si el perito rinde su dictamen fuera de los plazos previstos en este artículo, el Juez notificará de esta irregularidad a las autoridades competentes, para los efectos sancionatorios administrativos conducentes, sin afectar la validez del dictamen.

 

Artículo 90.- El Juez Cívico, con la presencia de los involucrados y con base en el dictamen pericial y demás elementos de prueba que tenga a su alcance, celebrará audiencia en la que hará del conocimiento de los conductores el resultado del dictamen, así como el monto de los daños causados, y procurará su avenimiento.

 

De considerarlo pertinente, el Juez Cívico ordenará a las personas involucradas que acudan al procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para la Ciudad de México.

 

Artículo 91.- Cuando los conductores involucrados lleguen a un acuerdo, se hará constar por escrito el convenio respectivo y se eximirá de la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 25 de este ordenamiento a quien acepte la responsabilidad o resulte responsable de los daños causados.

 

Al conductor o conductores que no resulten responsables de los daños, les serán devueltos sus vehículos sin mayor trámite.

 

Artículo 92.- El convenio que en su caso, suscriban los interesados, ante la presencia del Juez, será válido y traerá aparejada ejecución en vía de apremio ante los juzgados civiles de la Ciudad de México, quienes sólo podrán negarse a ordenar su ejecución cuando dicho instrumento tenga un objeto distinto a la reparación del daño.

 

Para su validez, en todo convenio se hará constar la forma en que se garantice su cumplimiento, a través de alguna de las formas previstas en la ley correspondiente.

 

Artículo 93.- Cuando alguno de los conductores manifieste su voluntad de no conciliar sus intereses, el Juez actuará de conformidad con lo siguiente:

 

I. Impondrá al responsable o responsables de los daños, mediante resolución, la sanción que corresponda en términos de lo dispuesto en este ordenamiento, tomando en cuenta el dictamen pericial y los demás elementos probatorios que se hayan desahogado; dejando a salvo los derechos de las partes por cuanto hace a la reparación del daño;

 

II. Proporcionará al agraviado, en su caso, el formato de demanda respectivo para su llenado con auxilio de un defensor que le asigne la Defensoría Pública;

 

III. Cuando el conductor responsable garantice el pago de los daños le devolverá el vehículo que conducía; en caso contrario, si se presentó la demanda, lo pondrá a disposición del Juez de Cuantía Menor en cumplimiento a la determinación del auto inicial;

 

IV. Una vez firmada la demanda la enviará, inclusive por vía electrónica, dentro del plazo de doce horas al Juez de Cuantía Menos en turno;

 

V. Inmediatamente que reciba el auto inicial Juez de Cuantía Menor en turno, le dará el cumplimiento que corresponda en sus términos, con relación a los vehículos involucrados o lo que se determine; y

 

VI. Remitirá a la autoridad judicial, dentro de las 24 horas siguientes a la determinación de responsabilidad administrativa y cuando la remisión de la demanda sea por vía electrónica, los originales del expediente formado.

 

Cuando se prevenga la demanda por causas provocadas por el agraviado y no se desahogue, se procederá en los términos del artículo siguiente.

 

Artículo 94.- Si el agraviado manifestara su voluntad de no presentar su demanda en ese momento o solicitara como reparación del daño una cantidad que exceda del veinte por ciento del monto establecido en el dictamen emitido por los peritos adscritos a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, el Juez hará constar tal circunstancia dejando a salvo sus derechos para que los haga valer por la vía que estime procedente, en un plazo no mayor de dos años a partir de esa fecha, ordenando la liberación del vehículo conducido por el responsable.

 

En cualquier caso, el Juez, expedirá a la parte que lo solicite, copia certificada de las actuaciones realizadas ante él.

 

TÍTULO QUINTO

DEL CONSEJO

CAPÍTULO ÚNICO

CONSEJO DE JUSTICIA CÍVICA

 

Artículo 95.- El Consejo es el órgano consultivo del Gobierno de la Ciudad de México, el cual emitirá opiniones a las instancias competentes sobre el diseño de las normas internas de funcionamiento, la supervisión, el control y la evaluación de los Juzgados, así como las pertinentes al mejoramiento de la actuación policial en la materia de esta Ley.

 

Artículo 96.- El Consejo está integrado por:

 

I. El titular de la Consejería, quien lo presidirá;

 

II. El titular de la Secretaría;

 

III. El titular de la Secretaría de Gobierno;

 

IV. El titular de la Dirección, quien fungirá como Secretario Técnico;

 

V. Un juez de reconocida experiencia y probidad, designado por el titular de la Consejería;

 

VI. Un representante del área de capacitación y desarrollo de recursos humanos de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, designado por el titular de ésta;

 

VII. Tres representantes de la sociedad civil, cuyas labores sean afines a los objetivos de la Justicia Cívica, quienes serán nombrados y removidos por la persona Titular del Ejecutivo Local. Se designarán preferentemente a aquellos que se hayan distinguido en la realización de actividades de colaboradores comunitarios y desempeñarán su encargo de manera honoraria,

 

VIII. Un representante de cada Alcaldía; y

 

IX. Dos Diputados del Congreso de la Ciudad de México, designados por su pleno.

 

Artículo 97.- Los miembros del Consejo anotados en las fracciones I a IV del artículo anterior contarán con un suplente designado por ellos mismos.

 

Los Consejeros señalados en las fracciones V y VII del artículo anterior durarán tres años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

 

Los Consejeros señalados en la fracción VIII del artículo anterior serán nombrados y removidos libremente por los titulares de las Alcaldías.

 

La organización y funcionamiento del Consejo se establecerán en el reglamento.

 

TÍTULO SEXTO

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPITULO I

JUZGADOS CÍVICOS

 

Artículo 98.- En cada Juzgado actuarán Jueces en turnos sucesivos con diverso personal, que cubrirán las veinticuatro horas de todos los días del año.

 

Artículo 99.- En cada Juzgado habrá por cada turno, cuando menos, el personal siguiente:

 

I. Un Juez;

 

II. Un Secretario;

 

III. Un Médico;

 

IV. Los policías comisionados por la Secretaría, y

 

V. El personal auxiliar que determine la Dirección.

 

Artículo 100.- En los Juzgados se llevarán los registros que determine la Consejería.

 

Artículo 101.- Los Juzgados contarán con los espacios físicos siguientes:

 

I. Sala de audiencias;

 

II. Sección de recuperación de personas en estado de ebriedad o intoxicadas;

 

III. Sección de Adolescentes;

 

IV. Sección médica, y

 

V. Área de seguridad.

 

Las secciones a que se refieren las fracciones II, III, y V contarán con departamentos separados para hombres y mujeres.

 

Artículo 102.- A los Jueces les corresponde:

 

I. Conocer de las infracciones establecidas en esta Ley;

 

II. Resolver sobre la responsabilidad de los probables infractores;

 

III. Ejercer las funciones conciliatorias a que se refiere el Capítulo III del Título Cuarto de esta Ley;

 

IV. Aplicar las sanciones establecidas en esta Ley y otros ordenamientos que así lo determinen;

 

V. Intervenir en los términos de la presente Ley, en conflictos vecinales, familiares o conyugales, con el fin de avenir a las partes o conocer de las infracciones cívicas que se deriven de tales conductas;

VI. Llevar el control de los expedientes relativos a los asuntos que se ventilen en el Juzgado;

 

VII. Expedir constancias relativas a hechos y documentos contenidos en los expedientes integrados con motivo de los procedimientos de que tenga conocimiento;

 

VIII. Expedir constancias de hechos a solicitud de particulares, quienes harán las manifestaciones bajo protesta de decir verdad;

 

IX. Solicitar por escrito a las autoridades competentes, el retiro de objetos que estorben la vía pública y la limpia de lugares que deterioren el ambiente y dañen la salud pública;

 

X. El mando del personal que integra el Juzgado, para los efectos inherentes a su función, e informará a la Dirección, de manera inmediata, las ausencias del personal;

 

XI. Reportar inmediatamente al servicio de Localización Telefónica de la Administración Pública de la Ciudad de México, la información sobre las personas presentadas, sancionadas, así como las que se encuentren en tiempo de recuperación;

 

XII. Informar diariamente a la Consejería y a la Dirección sobre los asuntos tratados y las resoluciones que haya dictado;

 

XIII. Ejecutar la condonación de la sanción que en su caso determine la Dirección;

 

XIV. Habilitar al personal del Juzgado para suplir las ausencias temporales del Secretario;

 

XV. Asistir a las reuniones a que sea convocado, así como aquéllas que se tengan con instituciones con las cuales haya celebrado convenio la Consejería,

 

XVI. Retener y devolver los objetos y valores de los presuntos infractores, o que sean motivo de la controversia, previo recibo que expida. No podrá devolver los objetos que por su naturaleza sean peligrosos, o los que estén relacionados con las infracciones contenidas en el artículo 25, fracción VI de esta Ley, en cuyo caso deberá remitirlos al lugar que determine la Dirección, pudiendo ser reclamados ante ésta cuando proceda;

 

XVII. Comisionar al personal del Juzgado para realizar notificaciones y diligencias;

 

XVIII. Autorizar y designar la realización de las actividades de apoyo a la comunidad a solicitud del responsable;

 

XIX. En el caso de la infracción establecida en la fracción X del artículo 25, realizar el requerimiento de información necesaria a las organizaciones públicas o privadas competentes, para identificar al titular de la línea telefónica y su domicilio; y

 

XX. Las demás atribuciones que le confieran esta Ley y otros ordenamientos.

 

Artículo 103.- Para la aplicación de esta Ley es competente el Juez del lugar donde se haya cometido la infracción; si ésta se hubiese realizado en los límites de una circunscripción territorial y otra, será competente el Juez que prevenga, excepto en los casos que expresamente instruya la Dirección.

 

Artículo 104.- El Juez tomará las medidas necesarias para que los asuntos sometidos a su consideración durante su turno, se terminen dentro del mismo y solamente dejará pendientes de resolución aquéllos que por causas ajenas al Juzgado no pueda concluir, lo cual se hará constar en el registro respectivo que firmarán el Juez entrante y el saliente.

 

Artículo 105.- El Juez que termina el turno, bajo su estricta responsabilidad, hará entrega física de los asuntos en trámite y de las personas que se encuentren en las áreas del Juzgado, al Juez entrante, lo que se hará constar en el registro respectivo.

 

Artículo 106.- El Juez, al iniciar su turno, continuará la tramitación de los asuntos que hayan quedado sin terminar en el turno anterior. Los casos serán atendidos sucesivamente según el orden en que se hayan presentado en el Juzgado.

 

Artículo 107.- Los Jueces podrán solicitar a los servidores públicos los datos, informes o documentos sobre asuntos de su competencia, para mejor proveer.

 

Artículo 108.- El Juez, dentro del ámbito de su competencia y bajo su estricta responsabilidad, cuidará que se respeten la dignidad y los derechos humanos, por tanto, impedirá todo maltrato, abuso físico o verbal, cualquier tipo de incomunicación, exacción o coacción moral en agravio de las personas presentadas o que comparezcan al Juzgado.

 

Artículo 109.- La remuneración de los Jueces será equivalente al menos a la categoría básica que corresponda a Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México adscritos a Juzgados del Fuero Común, atendiendo a los criterios del Servicio Público de Carrera, las cargas de trabajo y las responsabilidades asignadas, de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

 

Artículo 110.- Al Secretario corresponde:

 

I. Autorizar con su firma y el sello del Juzgado las actuaciones en que intervenga el Juez en ejercicio de sus funciones;

II. Certificar y dar fe de las actuaciones que la Ley o el Juez ordenen;

 

III. Expedir copias certificadas relacionadas con las actuaciones del Juzgado;

 

IV. Custodiar los objetos y valores de los probables infractores, previo recibo que expida;

 

V. Llevar el control de la correspondencia e integrar y resguardar los expedientes relativos a los procedimientos del Juzgado;

 

VI. Recibir el importe de las multas que se impongan, expedir el recibo correspondiente y enterar semanalmente a la Tesorería de la Ciudad de México las cantidades que reciba por este concepto, en los casos en que esta última no tenga establecida oficina recaudadora en la sede donde se ubique el Juzgado;

 

VII. Suplir las ausencias del Juez.

 

VIII. Llevar el registro de infractores puestos a disposición del Juez Cívico, dentro de la demarcación territorial que corresponda; y

 

IX. Las demás facultades que le confiera la Ley.

 

Artículo 111.- La remuneración de los Secretarios será equivalente al menos a la categoría básica que corresponda al Oficial Secretario de Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, adscritos a Juzgados del Fuero Común, atendiendo a los criterios del Servicio Público de Carrera, las cargas de trabajo y las responsabilidades asignadas, de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

 

Artículo 112.- El médico emitirá los dictámenes de su competencia, prestará la atención médica de emergencia, llevará un Registro de Certificaciones Médicas y en general, realizará las tareas que, acordes con su profesión, requiera el Juez en ejercicio de sus funciones.

 

CAPÍTULO II

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS JUECES

Y SECRETARIOS DE LOS JUZGADOS CÍVICOS

 

Artículo 113.- Cuando una o más plazas de Juez o Secretario estuvieran vacantes o se determine crear una o más, la Consejería publicará la convocatoria para que los aspirantes presenten los exámenes correspondientes, en los términos que disponga el Reglamento. Dicha convocatoria señalará los requisitos a cubrir, según el caso, el día, hora y lugar de celebración del examen y será publicada por una sola vez en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y un extracto de la misma por dos veces consecutivas, con intervalo de tres días, en dos de los periódicos de mayor circulación en la Ciudad de México, así como en los Juzgados.

Artículo 114.- La Consejería y la Dirección tienen, en materia de profesionalización de los Jueces y Secretarios, las siguientes atribuciones:

 

I. Practicar los exámenes a los aspirantes a Jueces y Secretarios;

 

II. Organizar y evaluar los cursos propedéuticos destinados a los aspirantes a ingresar a los Juzgados que hagan los exámenes correspondientes; así como los de actualización y profesionalización de Jueces, Secretarios, y personal de los Juzgados, los cuales deberán contemplar materias jurídicas, administrativas y de contenido cívico;

 

III. Evaluar el desempeño de las funciones de los Jueces, Secretarios y demás personal de los Juzgados, así como el aprovechamiento en los cursos de actualización y profesionalización que les sean impartidos;

 

IV. Determinar el procedimiento para el ingreso de guardias y personal auxiliar; y

 

V. Las demás que le señale la Ley.

 

Artículo 115.- Para ser Juez, se deben reunir los siguientes requisitos:

 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y tener por lo menos 25 años de edad;

 

II. Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente y tener por lo menos un año de ejercicio profesional;

 

III. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional;

 

IV. No haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público; y

 

V. Acreditar los exámenes correspondientes y el curso.

 

Artículo 116.- Para ser Secretario se deben reunir los siguientes requisitos:

 

I. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos; tener por lo menos 20 años de edad;

 

II. Ser licenciado en derecho, con cédula profesional expedida por la autoridad competente o pasante de esta carrera en los términos de la ley respectiva;

 

III. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional;

 

IV. No haber sido suspendido o inhabilitado para el desempeño de un cargo público; y

 

V. Acreditar los exámenes correspondientes y el curso.

 

CAPÍTULO III

DE LA SUPERVISIÓN A LOS JUZGADOS

 

 

 

Artículo 117.- En la supervisión deberá verificarse, independientemente de lo que dicte la Consejería, cuando menos lo siguiente:

 

I. Que exista un estricto control de las boletas con que remitan los policías a los probables infractores;

 

II. Que existe total congruencia entre las boletas de remisión enteradas al Juzgado y las utilizadas por los policías;

 

III. Que los expedientes de cada uno de los procedimientos iniciados estén integrados conforme a la Ley y a los lineamientos que para tal efecto determine la Consejería;

 

IV. Que las constancias expedidas por el Juez se refieran a hechos asentados en los registros a su cargo;

 

V. Que el entero de las multas impuestas se realice en los términos de esta Ley y conforme al procedimiento respectivo;

 

VI. Que se exhiba en lugar visible el contenido de los artículos 23, 24, 25, 26 de esta Ley, así como los datos relativos a los lugares de recepción de quejas relacionadas con el despacho de los asuntos que son competencia del Juez;

 

VII. Que el Juzgado cuenta con los elementos humanos y materiales suficientes para prestar el servicio;

 

VIII. Que los informes a que se refiere esta Ley sean presentados en los términos de la misma, y

 

IX. Que en todos los procedimientos se respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales de los involucrados.

 

Artículo 118.- A la Dirección, en materia de supervisión y vigilancia, le corresponde:

 

I. Dictar medidas emergentes para subsanar las irregulares detectadas en las supervisiones;

 

II. Tomar conocimiento de las quejas por parte del personal del Juzgado o del público y en general, de los hechos que redunden en demoras, excesos o deficiencias en el despacho de los asuntos que son competencia de los Juzgados;

 

III. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes los hechos que puedan dar lugar a responsabilidad penal o administrativa del personal de los Juzgados; y

 

IV. Habilitar al personal que considere pertinente para realizar supervisiones extraordinarias a los juzgados.

 

Las quejas a que se refiere la fracción II serán del conocimiento de la Dirección, la que efectuará una investigación y procederá conforme a lo establecido en el artículo 121 de la presente Ley.

 

Para cumplir con la función de supervisión, control y evaluación de los Juzgados, la Dirección contará con personal de apoyo.

 

Artículo 119.- La Dirección determinará el alcance y contenido de las supervisiones extraordinarias.

 

Artículo 120.- Las personas a quienes el Juez hubiere impuesto una corrección disciplinaria o medida de apremio que consideren infundada, se les haya retenido injustificadamente o no se les haya permitido la asistencia de persona de su confianza, defensor o traductor, podrán presentar su queja ante el área correspondiente de la Dirección, dentro de los quince días hábiles siguientes a que hayan sucedido estos.

 

Artículo 121.- La queja podrá formularse en forma oral o mediante un escrito, no estará sujeta a forma especial alguna, y deberá precisarse el acto que se reclama y los motivos de la queja. Si el quejoso contare con pruebas documentales, deberá acompañarlas a su escrito, y podrá ofrecer las demás que estime pertinentes, con excepción de la confesional de la autoridad, observando las reglas establecidas en esta Ley para las pruebas.

 

Artículo 122.- La Dirección se allegará de las pruebas conducentes y ordenará la práctica de las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos motivo de la queja, así como los derivados de las supervisiones.

 

Artículo 123.- En caso de presumirse que el personal del Juzgado actuó con injusticia manifiesta o arbitraria, o violación a las disposiciones de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables, la Dirección lo hará del conocimiento a la

Contraloría General del Distrito Federal y dará vista en su caso, al Ministerio Público.

 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO

REGISTRO DE INFRACTORES

CAPÍTULO ÚNICO

 

Artículo 124.- El Registro de Infractores contendrá la información de las personas que hubieran sido sancionadas por la comisión de las infracciones a que se refiere esta Ley y se integrará con los siguientes datos:

 

I. Nombre, domicilio, sexo y huellas dactilares del infractor;

 

II. Infracciones cometidas;

 

III. Lugares de comisión de la infracción;

 

IV. Sanciones impuestas y, en su caso, lugares de cumplimiento del arresto;

 

V. Realización de actividades de apoyo a la comunidad; y

 

VI. Fotografía del infractor.

 

Los datos para la integración del registro serán incorporados al mismo por los Jueces; al efecto, en cada Juzgado se instalará el equipo informático necesario.

 

Artículo 125.- El Registro de Infractores será de consulta obligatoria para los Jueces a efecto de obtener los elementos necesarios para motivar la aplicación de sanciones.

 

Artículo 126.- El Registro de Infractores estará a cargo de la Consejería y sólo se proporcionará información de los registros que consten en el mismo, cuando exista mandamiento de autoridad competente que funde y motive su requerimiento.

 

Artículo 127.- La información contenida en el Registro de Infractores tendrá como objeto el diseño de las estrategias y acciones tendientes a la preservación del orden y la tranquilidad pública en la Ciudad de México, así como la instrumentación de programas de desarrollo social y de prevención de adicciones.

 

Artículo 128.- Con el fin de asegurar las condiciones de seguridad sobre manejo y acceso a la información del Registro de Infractores, los responsables de inscribir y los de proporcionar la información deberán tener claves confidenciales a fin de que quede debida constancia de cualquier movimiento de asientos, consultas y otorgamiento de información.

 

 

 

 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 29 DE DICIEMBRE DE 2017

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 

PRIMERO.- Remítase al Jefe de Gobierno, para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y para su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

 

TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 5 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo Transitorio Décimo Primero de la Constitución Política de la Ciudad de México, abrogándose en ese momento la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, publicada como Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de mayo de 2004.

 

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales que contravengan el presente Decreto.

 

QUINTO.- En tanto no entre en vigor la Unidad de Medida y Actualización, se utilizará la Unidad de Cuenta vigente en la Ciudad de México.