LEY DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,

el 01 de septiembre de 2017

 

Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,

el 27 de noviembre de 2018

 

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general, de observancia obligatoria y tiene por objeto regular dentro del nuevo marco jurídico del Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México, la ejecución de auditoría, control interno y otras intervenciones, a fin de prevenir, supervisar y evaluar la actuación de las personas servidoras públicas, de los proveedores, prestadores de servicios, arrendadores, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, contratistas, personas físicas o morales y particulares vinculados con las acciones que lleven a cabo las unidades responsables del gasto, respecto al ejercicio de los recursos financieros, materiales, tecnológicos y capital humano asignados para cada ejercicio presupuestal, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades institucionales, planes, programas, metas y cualquier otro acto o gestión que realicen en las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México.

 

Artículo 2.- El Gobierno de la Ciudad de México ejercerá las funciones de auditoría, control interno y otras intervenciones a través de la Secretaría de la Contraloría General o de las unidades administrativas adscritas, en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos de esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

 

Artículo 3.- Las funciones de auditoría, control interno y otras intervenciones serán ejercidas bajo los principios de ética, austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, apertura, responsabilidad, participación ciudadana, rendición de cuentas y serán ejecutadas de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se emitan.

 

Artículo 4.-Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

 

I. Administración Pública: Los entes públicos que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México, así como las Delegaciones o Alcaldías.

 

II. Buena administración: Derecho humano que se garantiza a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.

 

III. Comisario: Persona servidora pública adscrita a la Secretaría de la Contraloría General encargada de vigilar e inspeccionar que las actividades de las entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, cumplan con el objeto para el cual fueron creadas y apliquen los recursos públicos asignados para sus objetivos de creación y fines para los que se encuentran afectos.

 

IV. Control Interno: Conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y  evaluación adoptada por los entes públicos de la Administración Pública Centralizada, Paraestatal y las Delegaciones o Alcaldías con el fin de que las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y empleo de los recursos se realicen con un enfoque preventivo.

 

V. Delegaciones o Alcaldías: Órganos políticos administrativos en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

 

VI. Dictamen Técnico de Auditoría: Es el documento de tipo formal que suscribe el auditor debidamente fundado y motivado, en el cual se hacen constar las observaciones y acciones preventivas y correctivas, no atendidas y/o solventadas en tiempo y forma por parte de los entes públicos intervenidos, derivadas de actos u omisiones que les sean atribuibles, a las que se adjunta expediente comprobatorio debidamente certificado, en el cual se comunica críticamente la conclusión a que ha llegado el auditor y que explican las bases para su conclusión y acciones legales a continuarse.

 

VII. Dictamen Técnico de Control Interno: Es el documento de tipo formal que suscribe el auditor debidamente fundado y motivado, donde se refleje la evaluación de los resultados obtenidos de la verificación de los controles internos implementados, las observaciones y acciones preventivas y correctivas, no atendidas y/o solventadas en tiempo y forma por parte de los entes públicos valorando la suficiencia o el grado de confianza que representan.

 

VIII. Dictamen Técnico de Intervención: Documento fundado y motivado en el que se hacen constar las observaciones y acciones preventivas y correctivas, no atendidas y/o solventadas en tiempo y forma por parte de los entes públicos intervenidos, derivadas de actos u omisiones atribuibles a estas, a las que se adjunta expediente comprobatorio debidamente certificado.

 

IX. Ente Público: Son las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Alcaldías y Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México.

 

X. Entidades Paraestatales: Son los organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria, que conforman la Administración Pública Paraestatal de la Ciudad de México.

 

XI. Gobierno Abierto: Es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.

 

XII. Informe de resultados: Documento en el que se hace constar los resultados de la auditoría, control interno o intervención.

 

XIII. Ley: Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Publica (sic) de la Ciudad de México.

 

XIV. Órganos Internos de Control: Unidades administrativas adscritas a la Secretaría, que ejercen funciones de auditoría, control interno e intervención en dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México.

 

XV. PDE: Padrón de despachos externos que administra y supervisa la Secretaría.

 

XVI. PAA: Programa Anual de Auditoría que integra de manera específica y objetiva cada una de las auditorías que ejecutarán las unidades administrativas de la Secretaría, considerando objetivo, plazo y actividades generales para su ejecución.

 

XVII. PACI: Programa Anual de Control Interno que tiene una proyección anual que integra los procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación preventivos en el empleo de los recursos públicos y la consecución de los objetivos de la Administración Pública de la Ciudad de México.

 

XVIII. Persona Servidora Pública: Integrante de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes de las alcaldías, los miembros de los organismos autónomos y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato o comisión de cualquier naturaleza.

 

XIX. Secretaría: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

 

XX. Sujeto activo: La persona servidora pública de la Administración Pública de la Ciudad de México que participa en la práctica de auditoría, control interno e intervención a los entes públicos con un enfoque de prevención, detección y sanción.

 

XXI. Sujeto pasivo: La persona servidora pública de la Administración Pública de la Ciudad de México y los particulares que de cualquier manera participen directa o indirectamente en la administración y ejecución de recursos humanos, materiales, financieros e informáticos con los que cuente el ente público.

 

XXII. Unidades Administrativas: Las subsecretarías, las coordinaciones generales, las direcciones generales, las direcciones ejecutivas y los órganos internos de control adscritos a la Secretaría.

 

XXIII. Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo: Las que asisten técnica y operativamente a las unidades administrativas de la Secretaría.

 

Artículo 5.- La Secretaría directamente y sus unidades administrativas, ejecutarán auditorías, control interno e intervenciones, de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros con los que cuente el ente público. En el caso de recursos de origen federal, además deberán cumplir con lo establecido en los convenios, acuerdos de coordinación celebrados al efecto por la Federación y la Ciudad de México y normatividad aplicable.

 

Artículo 6.- A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán en forma supletoria en el siguiente orden: la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y los principios generales del derecho.

 

Artículo 7.- El Secretario, los coordinadores generales y los directores generales adscritos a la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán interpretar esta ley para efectos administrativos, así como dirimir cualquier conflicto que se suscite con su aplicación.

 

Artículo 8.- Las auditorías e intervenciones se podrán practicar de manera extraordinaria en cualquier momento que determine la Secretaría o sus unidades administrativas, independiente de las incluidas en los programas anuales de auditorías o programadas.

 

Articulo 9.- La Secretaría o sus unidades administrativas podrán requerir todo tipo de información, generada, administrada o en posesión de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como a proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos, enajenaciones y en general a todos aquellos que establezcan los lineamientos respectivos.

 

El plazo para la entrega de documentación e información a que se refiere el párrafo anterior será como máximo de diez días hábiles, prorrogables por idéntico término, siempre y cuando el área requirente lo haya solicitado antes del vencimiento del plazo y con la debida justificación por escrito.

 

Artículo 10.- De la práctica de las auditorías, control interno e intervenciones podrán formularse observaciones con las acciones preventivas y correctivas, para solventar las irregularidades detectadas y mejorar la gestión de la Administración Pública de la Ciudad de México.

 

Artículo 11.- Los servidores públicos de la Secretaría, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos de que conozcan con motivo del objeto de esta ley, así como de sus actuaciones, observaciones, acciones preventivas y correctivas, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad en materia de transparencia, datos personales y rendición de cuentas.

 

Artículo 12.- La Secretaría y sus Unidades Administrativas deberán establecer mecanismos de supervisión, para que la información generada en el ámbito de sus atribuciones se encuentre actualizada en la Plataforma Digital en los términos señalados en los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría.

 

TÍTULO SEGUNDO

DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Artículo 13.- La Secretaría es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México, responsable de garantizar la buena administración y el gobierno abierto a través de:

 

I. Prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad de México.

 

II. Sancionar e imponer obligaciones resarcitorias distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, así como investigar y substanciar en términos de la ley aplicable en materia de responsabilidades los actos u omisiones relativas a faltas administrativas graves o de particulares vinculados, turnándolas a dicho Tribunal para su resolución.

 

III. Revisar y auditar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, con especial atención a los contratos de obra pública, servicios, adquisiciones y la subrogación de funciones de los entes públicos en particulares, incluyendo sus términos contractuales y estableciendo un programa de auditorías especiales en los procesos electorales.

 

IV. Investigar, sustanciar y sancionar los actos u omisiones de servidores públicos, que constituyen faltas administrativas no graves en el ámbito de la Administración Pública.

 

V. Recibir, dar curso e informar el trámite recaído a las denuncias o quejas presentadas por la ciudadanía o por las contralorías ciudadanas, en un plazo que no deberá de exceder de veinte días hábiles.

 

VI. Recurrir las determinaciones de la Fiscalía General de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, ambos de la ciudad de México, siempre que contravengan el interés público.

 

VII. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales y administrativas.

 

Artículo 13 Bis.- La persona titular de la Secretaría de la Contraloría General durará en su encargo seis años, sin posibilidad de ser ratificado y será designado por las dos terceras partes de las y los integrantes presentes del Congreso de la Ciudad de México, a propuesta de terna enviada por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y podrá ser removida o removido por ésta, de conformidad con las causas establecidas en la ley; el Congreso de la Ciudad de México podrá objetar dicha determinación por las dos terceras partes de las y los integrantes presentes.[1]

 

Para ser secretario de la Contraloría General se deben cumplir los requisitos siguientes:

 

I. Tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;

 

II. Acreditar experiencia mínima de tres años, en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, control interno, responsabilidades administrativas o combate a la corrupción en la Administración Pública.

 

III. Haber cumplido treinta y cinco años de edad, al día del nombramiento;

 

IV. Poseer al día del nombramiento, título profesional de nivel licenciatura, con antigüedad mínima de diez años;

 

 V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión, ni estar sujeta o sujeto a proceso penal. Si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza o cualquier otro cometido en contra del patrimonio, quedará inhabilitado para el cargo cualquiera que haya sido la pena;

 

VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de conformidad con la normatividad de la materia;

 

VII. No haber sido registrada o registrado como candidata o candidato, no haber desempeñado cargo alguno de elección popular y que no pertenezcan o militen en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento;

 

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores al nombramiento.

 

Artículo 14.- Las facultades y obligaciones que esta ley otorga al titular de la Secretaría, podrán ser ejercidas directamente por su titular, o por los titulares de las unidades administrativas que se le encuentran adscritas, en el ámbito de sus competencias.

 

Artículo 15.- Las Unidades Administrativas de la Secretaría serán las Subsecretarías, Coordinaciones Generales, Direcciones Generales, Direcciones Ejecutivas y Órganos Internos de Control que realizarán actividades de auditoría, control interno e intervención, en el ámbito de su competencia.

 

TÍTULO TERCERO

DE LA PROFESIONALIZACIÓN Y DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

 

Artículo 16.- Las personas titulares de los órganos internos de control, serán nombradas o nombrados por la persona titular de la Secretaría, conforme a un sistema de profesionalización, a efecto de asegurar la buena administración y el gobierno abierto de la Ciudad de México.[2]

 

El nombramiento durará cuatro años con posibilidad de ser ratificados por un periodo más, pero no podrán permanecer en un mismo órgano de control por más de dos años, siendo después rotados, conforme al programa que para tal efecto elabore la Secretaría.[3]

 

Para ser titulares de los Órganos Internos de Control se deben cumplir los requisitos siguientes:

 

I. Ser de ciudadanía mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus     derechos;[4]

 

II. Acreditar experiencia mínima de tres años, en alguna de las siguientes materias: transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, control interno, responsabilidades administrativas, combate a la corrupción en la Administración Pública;[5]

 

III. Tener más de treinta años de edad, al día del nombramiento;

 

IV. Poseer al día del nombramiento, con antigüedad mínima de tres años, título profesional de nivel licenciatura;[6]

 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de un año de prisión, ni estar sujeta o sujeto a proceso penal. Si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza o cualquier otro cometido en contra del patrimonio, quedará inhabilitado para el cargo cualquiera que haya sido la pena; y[7]

 

VI. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de conformidad con la normatividad de la materia.

 

Artículo 17.- La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a través de la Coordinación General de Evaluación y Profesionalización, en el ámbito de su competencia, establecerá políticas de profesionalización y un servicio profesional de carrera fundado en el mérito, para los servidores públicos que la conformen, en igualdad de oportunidades y paridad de género. Este servicio profesional aplicará a partir de los niveles intermedios de la estructura administrativa, el cual deberá ser transparente y estará orientado a que los servidores públicos observen en su actuar los principios rectores de los derechos humanos y los principios generales que rigen la función pública.

 

A efecto de garantizar la integralidad del proceso de evaluación, las leyes fijarán los criterios y las políticas bajo los cuales se organizarán los procesos para el ingreso, capacitación, formación, certificación, desarrollo, permanencia y evaluación del desempeño de los servidores públicos; así como la garantía y respeto de sus derechos laborales.

 

 

 

 

TITULO CUARTO

DE LA AUDITORÍA INTERNA

 

Artículo 18.- Es la actividad que se desarrolla en forma objetiva, metodológica, sistemática, analítica e imparcial para garantizar la buena administración y el gobierno abierto, cuyo resultado es autónomo, la cual está concebida para agregar mayor eficiencia y eficacia a la gestión gubernativa de la Administración Pública de la Ciudad de México.

 

Artículo 19.- Las unidades administrativas deberán presentar en el mes de diciembre de cada año ante el titular de la Secretaría, el PAA conforme a los lineamientos que para tal efecto se emitan.

 

El PAA podrá modificarse de acuerdo a las necesidades del interés público y social, previa autorización de la dirección general de su adscripción.

 

Artículo 20.- Los tipos de auditoría serán conforme a los lineamientos que para tal efecto se emitan.

 

Artículo 21.- La auditoría constará de cinco etapas:

 

I. Planeación.

 

II. Programación.

 

III. Ejecución.

 

IV. Resultados.

 

V. Conclusión.

 

Las actividades, técnicas y métodos que deberán emplearse en estas etapas se determinarán en los lineamientos que para tal efecto se emitan.

 

Artículo 22.- La etapa de planeación considerará lo siguiente:

 

I. La naturaleza, magnitud y complejidad de las funciones de los entes públicos auditados.

 

II. La existencia, confiabilidad y calidad de los sistemas, contables, presupuestales, financieros, y de los mecanismos de autocontrol, autocorrección y autoevaluación de los entes públicos auditados.

 

III. La importancia y el riesgo de las operaciones propias del ente público auditado.

 

IV. Las metas, planes, proyectos, operativos funcionales y sustantivos que tenga a cargo el ente público auditado.

 

V. Cualquier otra circunstancia que así lo justifique.

 

Artículo 23.- La etapa de programación consistirá en:

 

I. La relación de auditorías que se ejecutarán durante cada ejercicio.

 

II. El objetivo, oportunidad, criterio de selección y alcance de las auditorías.

 

III. Los plazos en los que se ejecutaran las auditorías.

 

IV. Las actividades genéricas en las auditorías.

 

V. La distribución de la fuerza de trabajo del órgano interno de control para la práctica de auditorías.

 

Artículo 24.- La etapa de ejecución, comprende las acciones a realizar que se señalan en el cronograma de actividades de las auditorías y las demás que señalen los lineamientos que para tal efecto se emitan.

 

Las actividades deberán comprender una muestra que de forma aleatoria y representativa, signifique por lo menos el 25% del total del universo programado en la auditoría.

 

El periodo de ejecución de auditoría es de tres meses, el cual podrá prorrogarse y modificar su objeto, alcance o porcentaje de evaluación, por el mismo periodo.

 

En caso de que se detecten irregularidades, se deberán generar las observaciones correspondientes.

 

Artículo 25.- La etapa de resultados es aquella en donde se notificarán las observaciones, acciones preventivas y correctivas, a través del informe de auditoría, que contendrán las irregularidades detectadas para su atención. Previo a la notificación de las observaciones, los entes públicos auditados podrán solicitar la comparecencia de las personas servidoras públicas responsables de las unidades administrativas observadas que ya no laboren para la administración pública, o bien, que se encuentren trabajando en algún otro ente público, con la finalidad de darles a conocer las inconsistencias detectadas a través de una reunión de confronta y coadyuven en la entrega de información.

 

Artículo 26.- El plazo de atención para la solventación de las observaciones, será de hasta 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación del informe de auditoría al ente público auditado, el que tendrá la obligación de atender las observaciones generadas.

 

El ente público podrá solicitar prórrogas de hasta 20 días hábiles, mediante oficio fundado y motivado que justifique la necesidad, cuya calificación corresponderá a los titulares de las Direcciones Generales de la Secretaría competentes, quienes analizarán la complejidad o problemática que represente su cumplimiento, así como la justificación del impedimento aducido por el ente público obligado.

 

Artículo 27.- En la etapa de conclusión de conformidad con la información y documentación que proporcionó el ente público auditado para la atención de las observaciones, se determinará si estas se solventan dentro del plazo, en caso que no proporcionen la información y documentación en tiempo y forma, o las proporcionadas no sean suficientes e idóneas para solventar, será motivo de responsabilidad administrativa.

 

Artículo 28.- La Unidad Administrativa competente deberá emitir Dictamen Técnico de Auditoría en el que de manera fundada y motivada, exprese la irregularidad, la normatividad que se infringió, los elementos comprobatorios con que se acredita lo anterior, el nombre, cargo de las personas servidoras públicos que realizó la conducta infractora, debiendo anexar su expediente laboral y precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del acto irregular.

 

TÍTULO QUINTO

DEL CONTROL INTERNO

 

Artículo 29.- El Control Interno es el proceso de verificación y evaluación con un enfoque preventivo y de acuerdo con las normas legales aplicables, implementado para garantizar la buena administración y el gobierno abierto en las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, respecto de las actividades, operaciones, actuaciones, programas, planes, proyectos, metas, actividades institucionales, aplicación de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos, así como la administración de la información.

 

Artículo 30.- Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Alcaldías y Entidades Paraestatales de la Administración Pública, en coordinación con la Unidad Administrativa correspondiente de la Secretaría, implementarán el PACI en cada uno de los entes públicos.

 

El PACI tendrá como objetivo:

 

I. Mejorar y transparentar la gestión gubernamental

 

II. Cumplir objetivos, prevenir, detectar y evitar actos de corrupción.

 

III. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones y actividades.

 

IV. Generar confianza en el desempeño de las personas servidoras públicas.

 

V. Proteger y conservar el patrimonio público.

 

VI. Presentar información confiable, veraz, verificable y oportuna.

 

VII. Cumplir la normatividad aplicable al ente público.

 

VIII. Aplicar los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos, con criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez.

 

IX. Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad para los fines a que están destinados.

 

Artículo 31.- El Control Interno constará de cinco etapas:

 

I. Planeación.

 

II. Programación.

 

III. Verificación.

 

IV. Resultados.

 

V. Conclusión.

 

Las actividades, técnicas y métodos que deberán emplearse en estas etapas se determinarán en los lineamientos que para tal efecto se emitan.

 

Artículo 32.- La etapa de planeación será realizada por las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, conjuntamente con la Secretaría a través de la unidad administrativa correlativa, en la que se considerará lo siguiente:

 

I. Ambiente de control.

 

II. Administración de riesgos.

 

III. Actividades de control interno.

 

IV. Información y comunicación.

 

V. Supervisión y mejora continua.

 

Artículo 33.- La etapa de programación deberá establecer las políticas, procedimientos y sistemas específicos que formen parte integrante de las actividades y operaciones, asegurándose que estén alineados a los objetivos, metas, programas y proyectos institucionales, los cuales se constituyen en el siguiente orden:

 

I. Identificación de los procesos o actividades en condición de riesgo.

 

II. Definición de los puntos de control interno.

 

III. Designación del responsable de la implementación del control interno.

 

IV. Alcances del control interno.

 

V. Cronograma de actividades.

 

VI. Actividades de control interno preventivo, de procedimiento o cumplimiento.

 

VII. Supervisión.

 

VIII. Informe de resultados.

 

Artículo 34.- En la etapa de verificación, el control interno se ejecutará mediante acciones que garanticen el cumplimiento de su objetivo, para lo cual se la Secretaría implementará el Sistema de Armonización de Información y Control (SAIC), el cual deberá ser administrado por las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, y verificado por cada una de las unidades administrativas de la Secretaría que le corresponda, que deberá comprender los rubros siguientes:

 

I. Conciliar periódicamente los registros, para verificar su exactitud, determinar y enmendar errores u omisiones

 

II. Revisar la documentación e información mediante la cual se mantienen actualizadas las políticas, las normas y los procedimientos de control.

 

III. Identificar y registrar de manera oportuna la información verídica y relevante.

 

IV. Registrar las transacciones y los hechos significativos que se realicen.

 

V. Verificar la compatibilidad de los sistemas de información con los objetivos institucionales para el cuidado y manejo eficientes de los recursos públicos.

 

VI. Analizar la autoevaluación para el mejor desarrollo del control interno.

 

VII. Los plazos y forma en la que se realizarán las conciliaciones, entrega de información y documentación, verificación y conclusiones, se señalaran en los Lineamientos que para tal efecto sean emitidos.

 

Articulo 35.- Es responsabilidad de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, aplicar y mantener el SAIC, para conducir las actividades hacia el logro de sus objetivos y metas.

 

Artículo 36.- En la etapa de resultados, la Secretaría a través de la unidad administrativa respectiva, dará a conocer en el informe de observaciones, la evaluación respecto de la eficiencia y eficacia de los resultados del SAIC, que contengan las irregularidades detectadas, así como las acciones preventivas y correctivas para su atención.

 

Artículo 37.- En la etapa de conclusión, de conformidad con la información y documentación que proporcionaron las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, para la atención de las observaciones y acciones preventivas y correctivas, se determinará si estas se solventan, en caso que no se proporcione la información y documentación en tiempo y forma, o las proporcionadas no sean suficientes e idóneas para solventar, será motivo de responsabilidad administrativa.

 

Artículo 38.- Para el caso que la información y la documentación no haya sido proporcionada en tiempo y forma, o las proporcionadas no sean suficientes e idóneas para solventar las observaciones y acciones preventivas y correctivas, la unidad administrativa que se trate deberá emitir Dictamen Técnico de Control Interno en el que de manera fundada y motivada, exprese la irregularidad, la normatividad que se infringió, los elementos comprobatorios con que se acredita lo anterior, el nombre, cargo de los servidores públicos que realizaron la conducta infractora, debiendo anexar su expediente laboral y precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar del acto irregular.

 

Las etapas de planeación, programación, ejecución, resultados y conclusión, deberán ejecutarse de conformidad con lo previsto en los Lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría.

 

 

 

                                                                                                                                                   

TÍTULO SEXTO

DE LAS INTERVENCIONES

 

Artículo 39.- Es la actividad relativa a las visitas, inspecciones, asesorías y demás actividades solicitadas por la Secretaría o sus unidades administrativas a través de la práctica de Revisiones y Verificaciones, para garantizar la buena administración y el gobierno abierto, a través de la evaluación en la observancia de la normatividad vigente aplicable, las cuales quedarán incluidas en el PAA; así como, la realización de operativos especiales conforme a los lineamientos que para tal efecto se emitan.

 

Artículo 40.- Los tipos de intervenciones serán:

 

I. Revisiones.                                                                                                                                   

 

II. Verificaciones.

 

Artículo 41.- Las revisiones comprenden el análisis y evaluación en tiempo real de los procesos, procedimientos, programas, proyectos, operaciones del ente público, o en su caso, del presupuesto participativo, para que éstos se lleven a cabo en apego a la normatividad aplicable.

 

Tienen como propósito la propuesta de acciones de mejora para el fortalecimiento de las funciones e incrementar la efectividad y eficiencia de la gestión del ente público revisado.

 

Artículo 42.- Las verificaciones son las visitas realizadas al ente público, para constatar que su organización, operación, sistemas, procesos, atribuciones y demás actividades se lleven a cabo conforme a las disposiciones legales y reglamentarias.

 

Artículo 43.- Las intervenciones se conformarán de cuatro etapas:

 

I. Planeación;

 

II. Ejecución;

 

III. Resultados;

 

IV. Conclusión.

 

Las actividades, técnicas y métodos que deberán emplearse en estas etapas se determinarán en los lineamientos que para tal efecto se emitan.

 

Artículo 44.- La etapa de planeación incluirá una investigación preliminar para que le permita conocer los antecedentes de la intervención.

 

Artículo 45.- La etapa de ejecución consistirá en realizar acciones que se apliquen de manera lógica y sistemática para que el auditor se allegue de los elementos necesarios y suficientes para cubrir sus muestras selectivas.

 

El periodo de ejecución de las intervenciones no podrá exceder de tres meses, ni podrán prorrogarse o modificar su objeto, alcance o porcentaje de evaluación.

 

En caso de que se detecten inconsistencias, se deberán generar propuestas de mejora, si se detectarán irregularidades, se deberán presentar las denuncias correspondientes.

 

Artículo 46.- La etapa de conclusión consistirá en la elaboración y presentación de los resultados con las propuestas de mejora.

 

TITULO SÉPTIMO

DEL COMISARIADO PÚBLICO

 

Artículo 47.- El Comisariado Público es la unidad administrativa adscrita a la Secretaría, encargada de vigilar e inspeccionar que las actividades adjetivas y sustantivas de los organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria, entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México, cumplan con los objetivos para los cuales fueron creadas, así como apliquen el presupuesto autorizado para los fines que se encuentran afectos, para garantizar la buena administración y el gobierno abierto.

 

Artículo 48.- Es Comisaria o Comisario público propietarios y suplentes las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría, nombrados para tal efecto por el titular de la misma, en los términos de la normativa aplicable.[8]

 

Artículo 49.- Son atribuciones generales del Comisariado Público, las siguientes:

 

I. Asistir y participar con voz, pero sin voto, a las sesiones de los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, así como a las asambleas de accionistas de las empresas de participación estatal mayoritaria.

 

II. Vigilar que el presupuesto de las entidades paraestatales y empresas de participación estatal mayoritaria se ejerza para los fines que fueron creadas.

 

III. Verificar que la aplicación del recurso sea acorde con los programas institucionales y los programas sectoriales que le correspondan, en el marco de los objetivos y prioridades del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México.

 

IV. Rendir el Informe Anual del Desempeño General de las Entidades Paraestatales, emitiendo las consideraciones, recomendaciones y fortalezas que resulten procedentes.

 

V. Vigilar e intervenir en los procesos de creación, extinción, desincorporación, incorporación, fusión, o escisión de los organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria, Entidades Paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México.

 

VI. Revisar, analizar y verificar los activos y pasivos que integran el patrimonio de las entidades paraestatales y empresas de participación estatal mayoritaria.

 

VII. Verificar que se calculen, enteren y retengan los impuestos y contribuciones en tiempo y forma de conformidad con la normatividad aplicable.

 

Artículo 50.- Para la validez de las sesiones ordinarias o extraordinarias de los órganos de gobierno y asambleas de accionistas de las Entidades Paraestatales, será obligatoria la presencia de un presidente, un comisario público, así como un representante del órgano interno de control, además que exista quórum legal del 50% más uno de los integrantes con derecho a voto.

 

TÍTULO OCTAVO

DE LA COORDINACIÓN FISCALIZADORA

 

Artículo 51.- La Secretaría para garantizar la buena administración y el gobierno abierto, podrá establecer y coordinar con los entes superiores de fiscalización local y federal, así como con la Secretaría de la Función Pública Federal, los convenios y acuerdos necesarios para llevar a cabo los trabajos de auditoría y control interno en cumplimiento con las disposiciones normativas aplicables en la materia.

 

Artículo 52.- El PAA y PACI podrán considerar las auditorías a desarrollarse y los controles internos a implementarse, derivados de los convenios de colaboración y coordinación celebrados con los entes superiores de fiscalización local y federal, así como con la Secretaría de la Función Pública Federal, para la práctica conjunta o coordinada de auditorías, implementación de controles internos, para tener una mayor cobertura o evitar la práctica duplicada de estas actividades.

 

Artículo 53.- Concluidos los trabajos establecidos en los respectivos convenios o acuerdos, los resultados obtenidos serán presentados de manera conjunta, a fin de ser notificados a los sujetos auditados. La solventación de las observaciones, serán consensuadas, a efecto de notificar los resultados a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México.

 

TRANSITORIOS

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, excepto en lo relacionado al Título Quinto del Control Interno y Título Sexto de las Intervenciones, que entrarán en vigor a partir del 01 de enero de 2018.

 

SEGUNDO. Todas las acciones, actividades, procesos y procedimientos relacionados con la práctica de auditorías, que se encuentren en trámite al momento de la expedición de la presente ley, serán concluidos conforme a las disposiciones que se encontraban vigentes al momento en que dieron inicio.

 

TERCERO. La Secretaría propondrá al ejecutivo de la Ciudad de México, los Lineamientos de Auditoría, para la práctica de las auditorías, dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

 

CUARTO. La Secretaría propondrá al ejecutivo de la Ciudad de México, los Lineamientos de Control Interno, para la práctica del control interno, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

 

QUINTO. La Secretaría propondrá al ejecutivo de la Ciudad de México, los Lineamientos de las Intervenciones, para la práctica de las intervenciones, dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

 

SEXTO. Los entes públicos de la Administración Pública contarán hasta el 31 de diciembre de 2017, para implementar el sistema de control interno en cada una de sus unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico operativo, la Secretaría contará con seis meses para implementar la plataforma tecnológica que permita su evaluación y seguimiento, a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

 

SÉPTIMO. Se deroga.[9]

 

OCTAVO. El Poder Legislativo de la Ciudad de México deberá adecuar la Ley del Servicio Publico (sic) de Carrera de la Administración Publica (sic) del Distrito Federal en un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para incorporar el Sistema de Profesionalización del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

27 DE NOVIEMBRE DE 2018

 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

 

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al contenido del presente decreto.

 

CUARTO.- Los nombramientos de las personas titulares de los Órganos Internos de Control a que se refiere el artículo 16 del presente Decreto, serán realizados a partir del 5 de diciembre del año en curso

 

 



[1] Adición publicada en la GOCDMX el 27 de noviembre de 2018.

[2] Reforma publicada en la GOCDMX el 27 de noviembre de 2018.

[3] Reforma publicada en la GOCDMX el 27 de noviembre de 2018.

[4] Reforma publicada en la GOCDMX el 27 de noviembre de 2018.

[5] Reforma publicada en la GOCDMX el 27 de noviembre de 2018.

[6] Reforma publicada en la GOCDMX el 27 de noviembre de 2018.

[7] Reforma publicada en la GOCDMX el 27 de noviembre de 2018.

[8] Reforma publicada en la GOCDMX el 27 de noviembre de 2018.

[9] Reforma publicada en la GOCMX el 27 de noviembre de 2018